Un vital informe de carácter policial sería entregado en los próximos días a la Fiscalía Centro Norte, tras lo cual el Ministerio Público definiría las eventuales formalizaciones contra quienes resulten responsables del fallido proceso de licitación del litio ocurrido el año pasado.

Avanza el proceso bajo el cual se está configurando una querella por eventual fraude al fisco, iniciada por diversos grupos y empresas a raíz de la fallida licitación del litio el 2012.

La investigación se centra en la eventual falsificación de un documento, cuando se acreditó que Soquimich, la empresa que había ganado el concurso, supuestamente no tenía litigios pendientes con el Estado.

El presidente de la Asociación Gremial de Industriales Mineros, Luis Gallardo, aseguró que fueron ellos quienes encontraron las irregularidades del proceso que había sido adjudicado a la compañía encabezada por Julio Ponce Lerou.

Gallardo asegura que incluso tuvo lugar burda falsificación del documento, según sus palabras.

Asimismo, el grupo Errázuriz a través de su representante, Cristián Rosselot, afirmó sentirse satisfecho por la eventual suma del Consejo de Defensa del Estado a su querella.

El abogado también se cuadró con lo establecido por la Asociación Gremial de Industriales Mineros, ya que cualquier chileno o institución tiene el deber de denunciar cualquier posible fraude donde el Estado sea el perjudicado.

Rosselot agregó que la actuación, a su juicio dolosa, de Soquimich ahondó su posición predominante a nivel chileno, e incluso mundial, en el mercado del litio.

La Fiscalía Centro Norte inició esta investigación a causa de las primeras denuncias por este caso, que ocurrieron en abril del año pasado, de acuerdo a lo explicado por el fiscal Víctor Vidal.

En octubre se pidieron dos informes, uno de carácter informático a raíz de la gran cantidad de información computacional incautada, así como uno policial, cuya salida se espera para los próximos días.

Todas las partes querellantes esperan que esta situación recién en marzo pueda ver algún avance en relación a eventuales formalizaciones de cargos, a cualquiera que pudiera considerarse responsable de los mencionados ilícitos.