Tras el revuelo que ocasionó en la oposición el emplazamiento directo que hizo la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, a la ex presidenta Michelle Bachelet, solicitando que pidiera perdón a las víctimas del Tsunami de 2010 luego que se conociera el informe de la Policía de Investigaciones, en el Palacio de La Moneda matizaron las criticas a la ex Mandataria.

Ahora fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien lamentó la falta de diligencia que tuvieron las autoridades políticas de la época durante la tragedia, pese a la información que llegaba desde las zonas afectadas por el maremoto.

Sin embargo, estos nuevos antecedentes en donde la ex presidenta Bachelet reconoce explícitamente haber estado al mando del Comité de Emergencias en la Onemi, refuerzan la hipótesis del abogado querellante en el caso, Raúl Meza, sobre la responsabilidad penal que le cabría a la ex mandataria en la fallida alerta de tsunami.

Por esta razón, Meza solicitará el próximo 27 de febrero a la Fiscalía Occidente la formalización de Bachelet por cuasidelito de homicidio y denegación de auxilio, por la muerte de 156 personas.

Meza solicitará además la incompetencia del tribunal de garantía respecto de los funcionarios del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, el SHOA, quienes adulteraron la bitácora de la guardia con corrector, de manera que sus casos sean vistos por la justicia militar.

Pero la relevancia que ha adquirido esta investigación, lleva a especular sobre la manera cómo la justicia seguirá abordando el caso, teniendo en cuenta un año que estará marcado por las elecciones presidenciales, y donde Michelle Bachelet se perfila como la eventual carta de la Concertación. Algo que para el vocero de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, no es tema.

En ese sentido, el director ejecutivo de la Fiscalía Nacional Pedro Bueno, negó que los fiscales cedan a las presiones que se puedan dar en un caso.

Sobre la adulteración de la bitácora del SHOA, Bueno indicó que cualquier cambio de un documento público por parte de un funcionario del Estado es grave, pero que por ahora carece de antecedentes sobre los funcionarios de la Armada citados en el informe de la PDI.