Estados Unidos tiene derecho a dirigir operaciones letales en el extranjero contra un ciudadano suyo, cuando se trate de un jefe operativo de la red terrorista Al Qaeda, según un documento confidencial del Departamento de Justicia divulgado este martes.
El documento, al que se puede acceder desde un enlace de la web de la cadena NBC News, sale a luz en medio de una creciente polémica sobre los ataques de drones a presuntos integrantes de Al Qaeda en Pakistán y Yemen.
En el texto (“White paper”) se justifica por primera vez la eliminación de ciudadanos estadounidenses, en particular por ataques de drones, impugnados por tribunales y organizaciones de derechos humanos.
El documento sostiene que Estados Unidos no viola ni la Constitución ni las leyes federales al matar a un ciudadano estadounidense cuando éste represente una amenaza inminente de ataques violentos para el país y su captura no sea posible.
“La condición de que un líder operativo represente una amenaza ‘inminente’ de ataque violento contra Estados Unidos exime a Estados Unidos de tener clara evidencia de que un ataque específico sobre individuos o intereses estadounidenses tendrá lugar en el futuro inmediato”, dice.
En cambio, un funcionario “informado, de alto nivel” podría decidir que el individuo supone “una inminente amenaza de ataque violento contra Estados Unidos” si el mismo estuvo “recientemente” involucrado en este tipo de actividades y no existen evidencias de que renunció a ellas o las abandonó.
El texto dice además que para actuar, la captura del individuo debe ser “inviable”, es decir, cuando suponga un “riesgo excesivo” para el personal estadounidense.
El documento de 16 páginas, titulado “Legalidad de una operación letal directa dirigida contra un ciudadano estadounidense que es un importante líder operacional de Al Qaeda o de una fuerza asociada”, fue entregado por las comisiones de Inteligencia y Judicial del Senado en junio a NBC a condición de que fuera mantenido en reserva y no divulgado públicamente, dijo la cadena de noticias.
La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por su nombre en inglés) y el Centro para la Defensa de los Derechos Constitucionales arremetieron contra el gobierno de Barack Obama tras la muerte del imán radical Anwar Al-Aulaqi, nacionalizado estadounidense, y de otros dos connacionales, abatidos en un ataque de un avión no tripulado en Yemen en 2011.
El informe aparece a dos días de que el jefe antiterrorista de la Casa Blanca, John Brennan, comparezca en el Senado por su nominación como director de la CIA.
Brennan ha tenido un rol clave en la campaña de drones de Estados Unidos, que se extendió ampliamente bajo la gestión de Obama pese a los recelos sobre su legalidad y al rechazo público en Pakistán por la muerte de civiles.
Jameel Jaffer, subdirector jurídico de ACLU, que ha entablado un juicio al gobierno para obtener el documento legal usado para autorizar la muerte de Awlaqi, calificó el texto de “espeluznante”.
“De acuerdo con el documento oficial, el gobierno tiene la autorización para llevar adelante asesinatos dirigidos a ciudadanos estadounidenses sin presentar pruebas a un juez antes o después del hecho, y sin siquiera tener que reconocer ante los tribunales o el público que la autoridad ha actuado”, denunció Jaffer.
Funcionarios gubernamentales han defendido contundentemente el programa de drones como clave en la estrategia estadounidense contra Al Qaida, en una guerra contra el terrorismo sin fronteras geográficas.
“Ha sido una parte importante de nuestras operaciones contra Al Qaida, no sólo en Pakistán, sino también en Yemen, en Somalia, y creo que tiene que seguir siendo una herramienta que debemos utilizar cuando sea necesario”, dijo el saliente secretario de Defensa, Leon Panetta, en una entrevista con la AFP la semana pasada.
