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Nuevo recurso se suma a pugna entre apoderados y congregación sostenedora de colegio en Concepción

Christián Leal (BBCL)
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Un nuevo capítulo se está escribiendo en la polémica entre el colegio Inmaculada Concepción y el grupo de apoderados que lideró la movilización contra la venta del establecimiento, luego que la orden religiosa se querellara contra Alejandro Grandón y Patricio Leal. La acción legal, sin embargo, fue declarada inadmisible por el Juzgado de Garantía, por lo que el abogado de las religiosas recurrió a la Corte de Apelaciones.

En noviembre, luego de varios fallos judiciales a su favor, incluido el que les devolvió su calidad de apoderados, Alejandro Grandón, Patricio Leal y Miguel Palacios intentaron ingresar al Inmaculada Concepción para una reunión de curso de sus hijas.

Sin embargo, por orden de la dirección, el acceso fue negado, produciéndose un altercado que desencadenó en un llamado a Carabineros para que una patrulla se constituyera en las dependencias del establecimiento educacional.

Fue ese incidente el que llevó al abogado de la congregación sostenedora, Ricardo Retamal, a presentar primero una denuncia por amenazas y luego una querella, invocando una antigua figura del Código Penal que sanciona a quienes con amenazas, tumulto o desorden impidan el ejercicio de un culto.

Mientras la denuncia es tramitada actualmente por la fiscal Carmen Luz Flores, que otorgó orden de investigar a la PDI, la admisibilidad de la querella fue denegada por la jueza de garantía Erika Pezoa, al estimar que los antecedentes no son suficientes para configurar la comisión del ilícito.

Para Patricio Leal, la acción legal de la congregación religiosa, además de carecer de fundamento, es una contradicción.

Ante la resolución de la magistrada Pezoa, el abogado del colegio Inmaculada Concepción presentó un recurso que busca que la Corte de Apelaciones acoja a trámite la querella.

Para evitar eso, adelantó el apoderado denunciado, su abogado se hará parte en el tribunal de alzada, de manera de respaldar el dictamen del Juzgado de Garantía.

Leal lamentó el escalamiento del conflicto, considerando todas las resoluciones judiciales en contra del establecimiento y además el acercamiento que se había dado con las religiosas.

Luego del anuncio de la venta del colegio en marzo del año pasado, se inició un movimiento que llevó a las monjas sostenedoras a revertir la decisión. El término del conflicto tuvo su lado negativo, al aplicar las autoridades educacionales una serie de medidas contra los apoderados que lideraron el rechazo al cierre del Inmaculada Concepción, entre las cuales estuvo la cancelación de la matrícula a sus hijas.

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