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Enríquez-Ominami ante indagación por muerte de su padre: “Miguel Enríquez no era ningún terrorista”

Francisco Zuñiga | Agencia UNO
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A un mes de que la justicia condenara a 8 ex oficiales del Ejército por el asesinato de Víctor Jara, y en el marco de una serie de indagaciones en casos de violaciones a los Derechos Humanos solicitadas por el Gobierno, se informó de la apertura de una investigación por la muerte del fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Enríquez.

Fue una medida gubernamental, una solicitud elaborada por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, sin embargo, el anuncio de la apertura de la investigación por la muerte del médico y Secretario General del MIR sacó algunas ronchas al interior de la Alianza.

Críticas que si bien no fueron mediáticas impulsaron, en su momento, al mismo titular de la cartera, Andrés Chadwick, a calmar los ánimos, restándole carácter político a esta gestión que se enmarca en el cumplimiento de la ley 19.123.

Una controversia retenida por las cuatro paredes de los partidos oficialistas y de la que algunos evitan hablar, quizás, por tratarse de un año eleccionario.

Pese a ello, el diputado y candidato UDI por la senaduría de Santiago Oriente, Iván Moreira, defendió someramente la medida.

Quien sí fue un poco más ácido fue el presidente de Renovación Nacional, Carlos Larraín.

El Senador explicó que, lejos de considerar al fundador del MIR como un terrorista, el malestar de su partido se debió a considerar que el caso ya estaba cerrado y, por ende, no cumplía con los méritos para iniciar una nueva investigación.

En este contexto fue que, en diciembre pasado, el subsecretario Ubilla contactó al hijo del líder revolucionario, Marco Enríquez-Ominami.

Y aunque el candidato presidencial del Partido Progresista agradeció y destacó la gestión del Gobierno, defendió el actuar de su padre biológico y catalogó de “ignorantes” a quienes hablan de “terrorismo”.

Enríquez-Ominami acudirá este viernes 1 de febrero a declarar en la Brigada de Delitos contra los Derechos Humanos por el caso a cargo del juez Mario Carroza. Se trata de la primera investigación judicial por la muerte de Miguel Enríquez, quien falleció a los 30 años en San Miguel, el 5 de octubre de 1974.

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