Viernes en la tarde las redacciones de los diferentes medios de comunicación ya alistaban el cierre de la jornada, cuando un trascendido encendió las alertas… El cabo 2º de Carabineros Walter Jhonattan Ramírez Inostroza había sido dado de baja, a raíz de su condena como autor del crimen de comunero mapuche Matías Catrileo.
Tras verificarse la información, de inmediato se buscaron las voces de los involucrados en el caso que ha marcado el conflicto mapuche en el último tiempo, cuyo lugar ahora, desde la otra vereda por supuesto, fue ocupado por el asesinato del matrimonio Luchsinger McKay.
Este último atentado incendiario, ocurrido el pasado 4 de enero, se dio en el marco de un espiral de violencia que se tradujo en una serie de ataques, el primero de los cuales -la madrugada del 3 de enero en Vilcún- terminó con un camión completamente destruido.
En el lugar del atentado, a la altura del kilómetro 610 de la Ruta 5 Sur, se encontraron panfletos con la leyenda: “Estado Asesino de Matías Catrileo”. Ese día se cumplían 5 años de la muerte del joven comunero mapuche.
Carabineros y la PDI ya se encontraban atentos ante los llamados desde organizaciones vinculadas al mundo mapuche a protestar bajo la consigna “toda manifestación es válida”, a propósito de las reivindicaciones de la comunidad originaria, pero más específico, el crimen de Catrileo.
Al día siguiente, el 4 de enero, se produjo el atentado que cambió el curso del conflicto en la denominada zona roja del conflicto mapuche: la muerte del empresario Werner Luchsinger y su esposa Vivianne McKay.
Tras el homicidio, nuevamente los dedos apuntaron a los mapuche y su reclamo ancestral, políticos de todas las tendencias colapsaron los correos electrónicos de los medios con comunicados de prensa repudiando el hecho y opinando… como si eso sirviera de algo.
¿Y que hizo el Gobierno? Anunció medidas… ¿Le suena conocido?
No obstante, aparte de las medidas, al interior de La Moneda comenzó a maquinarse una jugada para lograr “pacificar” aunque fuera momentáneamente a La Araucanía: Carabineros debía dar de baja al cabo Ramírez.
La familia de Catrileo insistentemente había pedido que se desvinculara de la institución al policía que, según consiga el fallo de la Corte Suprema, en “un mal entendido sentido de cumplimiento del deber, con un celo exagerado, proponiéndose el mejor servicio de su cargo público, con el convencimiento de que obraba a favor del orden jurídico, por una razón justa, ejecutando un mandato legítimamente otorgado por autoridad competente”, asesinó por la espalda a tiros al comunero.
A lo anterior, cabe sumarle las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno Cecilia Pérez, quien pidió “una señal” de Carabineros a propósito de la permanencia del cabo Ramírez en la institución.
“El ministro Chadwick ha representado desde el primer minuto que no nos apreció como gobierno que una persona, en este caso un Carabinero, sindicado como autor del delito de violencia innecesaria con resultado de muerte, siga estando en la institución de forma activa. Es carabineros quien tiene que resolver, han señalado que están esperando dictámenes de la contraloría y nosotros esperamos que haya una señal”, dijo.
Aún más, agregó que “nosotros como gobierno hemos manifestado en forma privada y pública que no nos parece que siga en la institución”.
Cabe preguntarse, a la luz de lo que ha ocurrido, ¿es un acto de justicia la destitución de Ramírez ahora a 5 años de la muerte de Catrileo? No, no lo es. Se trata simplemente de un cálculo político, que le permitirá al Gobierno sentarse a conversar con los mapuche con comodidad.
Mi intención no es tomar partido respecto de la situación del destituido policía, para eso está la Justicia… o al menos en el papel. Aunque claramente la señora de los ojos vendados tiene una deuda pendiente. ¿Razones? Me parece que si hablamos de justicia, ésto tendría que traducirse en que los asesinos del matrimonio Luchsinger McKay estuvieran individualizados; el autor de la muerte de Jaime Mendoza Collío pagando por dispararle por la espalda; totalmente aclarada la muerte del sargento Hugo Albornoz en un allanamiento en Wente Wingkul Mapu (¿Sabe usted quién le disparó?)… y así podría enumerar a otras víctimas de la “injusticia”… Héctor Gallardo Aillapán… Osvaldo Zapata Gutiérrez… Juan Collihuin Catril… Jorge Suárez Marihuán… Zenón Díaz Necul… Alex Lemún Saavedra… Agustina y Mauricio Huenupe Pavián… Julio Huentecura Llancaleo… José Toro Ñanco…
El listado podría incluir a miles de comuneros, mujeres, niños, agricultores, empresarios, latifundistas, Carabineros, familiares de policías que quedan rezando cada vez que éstos salen a operativos, en fin.
¿Hay una deuda del Estado? Por supuesto, una deuda histórica que va más allá de pedir perdón, es una deuda de justicia social, no de movidas políticas para apaciguar una Araucanía que no duerme, que está vigente y con sus heridas latentes, porque siglos de abandono no se olvidan de la noche a la mañana.
