De los 30 casos de personas que fueron erróneamente privadas de libertad, con los que será lanzado el proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, casi un tercio son de la Octava Región. Así lo adelantó el defensor en el Bío Bío, Osvaldo Pizarro, al referirse a los objetivos que persigue la iniciativa que emula a la nacida en Estados Unidos y que ha permitido en ese país obtener la libertad incluso a condenados a la pena de muerte.

La experiencia de Carlos Ramírez Mellado, detenido durante 16 meses, imputado por la violación y homicidio de su hija de dos años en 2004, será una de las que podrán conocer todos quienes ingresen a la página web del Proyecto Inocentes que la Defensoría Penal Pública presentará a mediados de año.

Ramírez, hoy de 31 años, recuperó su libertad sólo después de que la Corte de Apelaciones penquista acogiera los argumentos con los que los defensores del caso derribaron la evidencia de la Fiscalía, descartando primero la violación y después que el padre no estaba en el lugar del delito cuando su hija fue asesinada.

La pesadilla que han vivido ciudadanos como Carlos Ramírez llevaron al hoy defensor nacional, Georgy Schubert, a plantear el Proyecto Inocente, según lo explicó el defensor regional Osvaldo Pizarro.

Pizarro dijo que actualmente se trabaja en la recopilación de los antecedentes de una treintena de casos detectados a nivel nacional, de los cuales nueve -incluyendo el de Ramírez Mellado- ocurrieron en la Región del Bío Bío.

Las erróneas privaciones de libertad, según el trabajo de la Defensoría, tienen su origen en la identificación equivocada de los presuntos imputados, declaraciones y confesiones falsas, errores periciales e incluso la mala conducta de agentes del Estado, como pueden ser los fiscales, funcionarios policiales y defensores.

Pero más que determinar responsabilidades por los errores, el objetivo del Proyecto Inocente es evitar que ellos ocurran, subrayó el defensor regional.

Esto último, es decir la posibilidad de una indemnización por los perjuicios causados a quienes estuvieron tras las rejas injustamente, es prácticamente nula, y lo que persigue la iniciativa de la Defensoría es instaurar el pago de los daños que sufran quienes sean detenidos por errores responsabilidad del Estado.