El académico de la Universidad de Chile, Eric Palma, invitado este lunes en Santiago ante diputados que analizan el trabajo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), expresó que “existe una crisis sectorial protagonizada fundamentalmente por las universidades creadas a partir del año 1981″.
Palma sostuvo ante la comisión de la Cámara Baja, que desde principio de los ochenta empezó a considerarse a la actividad de la educación superior como “una industria, como un negocio más”.
Sostuvo que a partir de ese momento comenzó a crearse en las casas de estudio “un área de desarrollo de alta rentabilidad (…) vivimos una situación alarmante que daña profundamente la actividad universitaria; lo que ha venido ocurriendo es que se ha empobrecido la idea de universidad”, dijo.
Palma, quien es profesor de leyes de la Universidad de Chile, manifestó que de acuerdo a la normativa de 1981, “se concibe una actividad universitaria, la cual tiene muy poco que ver con la actividad universitaria del año 1930, cuando confluyen docencia, investigación y extensión universitaria en la vida institucional, que significó el desarrollo de una cultura universitaria caracterizada por su excelencia”.
Agregó que “ese modelo expresado por la Universidad de Chile y la Universidad Católica impactó positivamente en las universidades privadas que existían antes de 1981″.
“Este modelo se viene destruyendo a pedazos desde que se aceptó que las diversas instituciones de educación superior fueran también llamadas universidades, a pesar que algunas de ellas no eran auténticas universidades. Desde 2007 venimos sosteniendo que a esta institución docente y profesionalizante, que sólo realiza actividad docente, hay que llamarla institución sólo formadora de profesionales”, dijo el académico.
Palma planteó eliminar la actual clasificación que distingue entre centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades y crear “simplemente el centro de formación técnica, el instituto de formación profesional, que sería la universidad docente, y la universidad propiamente tal. Con esto tendríamos tres categorías de instituciones”.
El académico dijo a la comisión que para que se le llame universidad a una institución es cuando en ésta se hace “docencia, extensión e investigación”.
“Ese es el contexto de la crisis en que nos encontramos; la crisis de calidad en nuestro sistema no tiene que ver con el ejercicio de la facultad de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)”, dijo el profesor.
“A nuestro juicio, lo puedo decir sin temor a error, que el sistema actualmente vigente tutelado por la CNA y el ministerio de Educación se caracteriza por un empobrecimiento paulatino y sostenido del sistema. El problema que vivimos no es una crisis de una garantía de calidad, el problema no es de la CNA ni tampoco el accionar aparentemente ilícito de algunos de sus funcionarios. Cualesquiera sean sus funcionarios, de todas maneras el daño a la calidad se configuraría, porque el daño se configura en la medida que aceptamos que ciertas instituciones que no son universidades sean tratadas como universidades, y eso supone una distorsión de la idea de calidad universitaria”, expresó el académico.
Por su parte, la profesora de la facultad de leyes de la Universidad de Chile, Carola Canelo, dijo a los diputados que lo que “ocurre con el sistema de acreditación es que en el año 2006 se privatiza una función fiscalizadora del Estado que le correspondía al ministerio de Educación de velar por el cumplimiento de la ley de universidades en su función de investigación, docencia y extensión, y se radica en una institucionalidad que se crea para que se ejerza la fiscalización a través de privados que carecen por su propia naturaleza de la independencia”.
