La justicia decretó el sobreseimiento definitivo de la causa penal por el derrame de petróleo en la Bahía de San Vicente en 2007, y por la que ENAP fue responsabilizada, formalizando por el delito de contaminación a tres ejecutivos de la estatal. La resolución fue dictada al acreditar la Fiscalía el cumplimiento de las medidas comprometidas por la empresa tras la emergencia hace casi seis años.

Tras una acuciosa investigación, con el antecedente del incendio de San Vicente en 1993, el Ministerio Público determinó que el derrame de 350 metros cúbico de petróleo a la misma bahía en mayo de 2007 fue por negligencia de la empresa ENAP.

Puntualmente, fueron imputados y formalizados por el delito de contaminación que contempla la Ley de Pesca tres ejecutivos de la estatal. Sin embargo, el procedimiento judicial fue suspendido tras comprometerse ENAP a cumplir una serie de medidas.

Entre ellas estaba, además de la limpieza de la zona contaminada, la creación de un centro de rehabilitación de aves a un costo de 300 millones de pesos, y la construcción de un muelle aéreo para el desembarque de crudo desde los barcos hasta la refinería, proyecto que tuvo un costo superior a los 50 millones de dólares.

Todo se cumplió, según lo confirmó la fiscal Ana María Aldana ante el Juzgado de Garantía de Talcahuano.

Al acoger la exposición de la fiscal, el tribunal dio lugar al sobreseimiento definitivo de la arista penal abierta tras la emergencia ambiental. Así lo explicó el abogado de los ejecutivos de ENAP formalizados, Marcelo Torres.

Cristian Tapia, abogado de los pescadores afectados por el derrame, quienes mantienen demandas en busca de indemnizaciones por parte de la estatal, cuestionó que el trámite de las acciones civiles no hayan avanzado con la misma rapidez que las querellas, responsabilizando de ello a ENAP y su aseguradora.

A la audiencia en el Juzgado de Garantía llegó medio centenar de pescadores artesanales, quienes no descartaron movilizaciones para los próximos días como presión a la Corte de Apelaciones de Concepción donde se ventilan las demandas civiles.