El Juzgado de Garantía de Puerto Montt declaró inadmisible una querella criminal por tortura que el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso contra un fiscal al que acusan de haber maltratado al testigo clave de un emblemático caso judicial.
El caso corresponde al de la desaparición de Mariela Barra Díaz, ocurrido en julio de 2011. Milton Hernández Vargas, testigo del caso que tuvo contacto directo con la mujer momentos antes de la extraña desaparición, fue imputado sin éxito por secuestro.
Este joven fue trasladado hasta la Fiscalía de Puerto Montt en calidad de testigo y, según denunció, fue golpeado, amenazado y maltratado psicológicamente por el fiscal Sergio Coronado y policías de civil, quienes lo interrogaron por más de 25 horas.
Tras esto, en agosto de 2012, el Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella criminal contra el persecutor, ya que habría presionado al testigo para que confesara el presunto crimen de la mujer, cuyo cuerpo no ha sido encontrado hasta ahora.
Sin embargo, la mañana de este miércoles, la magistrado Mónica Sierpe, del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, declaró no admisible dicha querella, argumentando que la investigación no ha logrado acreditar el delito de tortura, según así lo indicó la defensora Pamela Rozas.
En tanto, el fiscal jefe de la región de Los Ríos, Rafael Mera, designado especialmente por el fiscal nacional Sabas Chahuán para representar al Ministerio Público en esta investigación, se manifestó indiferente a la resolución de la jueza, pero celebró el hecho que la magistrado no haya concedido el sobreseimiento parcial de la causa, que había solicitado la Defensa.
Según el fiscal Mera, el resultado de la audiencia de este miércoles no impide que la investigación sigue su normal curso, sentenciando que a la fecha se ha desarrollado de manera normal y objetiva.
