Guatemala podría suspender la decisión de sólo acatar fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) posteriores a 1987 si la misma vulnera derechos de las víctimas, anunció este jueves el presidente guatemalteco, Otto Pérez.

“Si hay una sola persona que pueda violársele su derecho del resarcimiento o que no vaya a ser tomada en cuenta (en las reparaciones) nosotros no tenemos ningún problema en suspender ese decreto”, declaró Pérez a los periodistas en la Casa Presidencial.

El gobernante guatemalteco además anunció un diálogo con grupos sociales para analizar una decisión que su administración tomó a fines del año pasado.

“Guatemala reconocerá toda reparación por hechos con posterioridad al 9 de marzo de 1987 y hasta por valores o formas de reparaciones que no excedan” la legislación nacional, decía un párrafo del acuerdo publicado el miércoles en el oficial Diario de Centroamérica.

Guatemala realizó esa aclaración porque, tanto la Comisión de Derechos Humanos en Washington como la Corte, no han interpretado “adecuadamente” la condición que el país expuso en 1987 cuando se estableció que los casos a procesar serían “exclusivamente” para “aquellos acaecidos” después de esa fecha, alegó gobierno.

La Corte, con sede en Costa Rica, ha emitido 17 fallos contra el Estado de Guatemala desde 1999, según la estatal Comisión Presidencial de Derechos Humanos (Copredeh), en su mayoría por masacres, asesinatos y desapariciones contra población indígena y líderes obreros durante la guerra civil (1960-1996).

Pérez dijo que discutirá el acuerdo con grupos de derechos humanos que buscan justicia para víctimas del conflicto armado interno en Guatemala, que sumó 200.000 personas muertas y desaparecidas, según Naciones Unidas.

“Vamos a buscar el diálogo con grupos de derechos humanos, de allí sacaremos las conclusiones que correspondan”, explicó.

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, instó al gobierno suspender la decisión que “socaba el derecho a la reparación en el sistema interamericano” de justicia principalmente a familiares y víctimas.

Entre septiembre y noviembre pasados se dictaron tres sentencias contra el Estado de Guatemala por cinco masacres contra la comunidad de Río Negro, entre 1980 y 1992, la desaparición forzada del líder estudiantil y sindical Edgar Fernando García y las desapariciones de 26 personas registradas en un documento de inteligencia militar guatemalteco, hechos cometidos entre 1980 y 1985.