En prisión preventiva quedó un hombre de 58 años de San Pedro de la Paz a quien, según la Fiscalía, personal del Primer Juzgado Civil de Concepción le entregó un cheque por 280 millones de pesos, tras hacerse pasar por representante de Cencosud.
El Ministerio Público investiga, junto con el paradero del dinero, la participación de más personas en un caso donde según la Defensoría su cliente es la punta del iceberg.
Luego que el Serviu expropiara a Cencosud un terreno en el sector Lomas de San Sebastián, el Fisco depositó en la cuenta del Primer Juzgado Civil penquista, donde se tramitó la correspondiente causa, un cheque por 280 millones de pesos. El documento fue extendido a nombre del grupo de Horst Paulmann.
Para cobrarlo se apersonaron en el tribunal un abogado que se presentó como Marcelo Conde Pinto y el supuesto representante de Cencosud, Pedro Barrera Varela. El profesional ingresó documentos notariales que confirmaban la relación de ambos con el dueño de Paris, Jumbo, Easy y Santa Isabel.
Fue así como el 7 de julio del año pasado, la secretaria subrogante del juzgado, Amanda Muñoz entregó el cheque a nombre de Barrera, quien lo cobró el mismo día -por caja- en el BancoEstado.
Tras percatarse de la situación, Cencosud denunció el ilícito, por lo que la Fiscalía de Concepción inició una investigación, la que dio los primeros resultados este miércoles al ser detenido Pedro Barrera, quien fue inmediatamente formalizado por estafa y falsificación y uso malicioso de instrumento público.
Durante la audiencia en el Juzgado de Garantía penquista, la fiscal Marcela Barahona entregó los detalles del intrincado caso, admitiendo que hay al menos una persona más involucrada en la comisión de los ilícitos, cuya identificación es parte de la investigación.
El abogado querellante en nombre de Cencosud, Marcelo Torres, coincidió con el Ministerio Público, lamentando que lo ocurrido prive a su cliente del millonario pago a pesar de que su representado es una víctima de lo ocurrido.
Al subrayar que Pedro Barrera Varela no cumple con el perfil de alguien que pudiera maquinar un ilícito como el que se cometió en el juzgado de la magistrada Margarita Sanhueza, el defensor penal público Mauricio Maza, aseguró que su cliente pudo ser utilizado.
Al acoger los argumentos de la Fiscalía y desechar los de la Defensoría, el Juzgado de Garantía de Concepción ordenó la prisión preventiva de Barrera y determinó el plazo para concluir la investigación en tres meses.
