La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, advirtió este sábado que la reforma al fuero militar aprobada recientemente por el Congreso, constituye un retroceso porque contraviene obligaciones internacionales del Estado en esa materia.

En “el año 2012 hubo varios avances del país en materia de derechos humanos. Sin embargo, la reforma del fuero militar constituye un retroceso”, precisó en un comunicado Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Howland reiteró la preocupación de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Navy Pillay, y otros expertos de la organización, de que la aprobación del fuero militar, “contraviene las obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos”.

Según el funcionario, “las violaciones de derechos humanos no pueden ser objeto de la competencia de la justicia penal militar”.

Y al respecto explicó que “la competencia penal militar es excepcional y debe estar limitada a conductas típicamente militares cometidas por personal en servicio activo”.

El pasado 11 de diciembre, el Congreso de Colombia aprobó la controvertida reforma constitucional dando vida al nuevo fuero militar, el cual, según el gobierno, permitirá a los miembros de la fuerza pública encarar con menos prevenciones el conflicto armado.

La reforma establece que el genocidio, la desaparición forzada, la violencia sexual, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el desplazamiento forzado, no podrán ser de conocimiento de la justicia penal militar (JPM).

Sin embargo, además de Naciones Unidas, otros organismos y ONG internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch (HRW), rechazaron la reforma al considerar que favorece la impunidad en los casos de civiles muertos por los uniformados y presentados como caídos en combate, conocidos como ‘falsos positivos’.

Pero el gobierno, a través del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, niega que la reforma permita la impunidad en casos específicos de delitos cometidos por los uniformados.

“Los casos aberrantes como los falsos positivos, violaciones de niños (por parte de uniformados), de ninguna manera pasarán a la justicia militar”, dijo el ministro tras la aprobación de la reforma.

Por su parte el ponente de la reforma, senador Juan Manuel Galán, negó que el proyecto genere impunidad y rechazó la injerencia de organizaciones internacionales en la decisión.