Los ministros de la Presidencia, de Transparencia y el embajador ante la ONU negaron vínculos directos con una red de extorsión integrada por funcionarios de gobierno y fiscales durante las declaraciones que prestaron este miércoles en la Fiscalía de Santa Cruz.

Todos ellos fueron citados en calidad de testigos dentro de una investigación que ya envió a la cárcel a una docena de abogados del gobierno, fiscales y exfuncionarios estatales.

“Siempre los he visto como personas responsables y abogados competentes para llevar adelante las tareas que tenían (asignadas)” dijo a la prensa el embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti, tras declarar durante 5 horas.

“En tanto yo he estado como ministro de Gobierno no ha habido ninguna denuncia de corrupción o de extorsión en contra de estos ciudadanos”, acotó Llorenti.

El caso se conoció en noviembre cuando el empresario norteamericano, Jacob Ostreicher, detenido entonces durante 18 meses sin juicio y acusado de lavado de dinero del narcotráfico, denunció que una red estatal que lo extorsionaba exigiéndole dinero para liberarlo. Hoy Ostreicher goza de libertad condicional.

El Poder Ejecutivo tuvo que admitir que un grupo de asesores legales del poderoso Ministerio de Interior habían formado una organización delictiva junto a fiscales, que también extorsionaron a opositores e incluso a delincuentes con promesas de beneficiarlos con juicios benignos.

El titular de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aseguró que “no había relación directa”, con un funcionario de su Ministerio que está acusado y que todo contacto “se daba a través de uno de sus viceministros. Además, negó que el sindicado tuviera “ningún proceso administrativo o penal”.

Indicó además que a otro de los acusados lo conoció “por un trámite en migración” y añadió: “al resto no los conozco ni por asomo”.

La ministra de Transparencia,Nardy Suxo rechazó las versiones que la pretenden involucrar, dijo que tras conocer las investigaciones del Ministerio de Gobierno sobre la red encargó a sus colaboradores prestar el apoyo necesario.

“Aquí estamos para colaborar” y para que “el caso se esclarezca”, subrayó después de dos horas de comparecencia ante el Fiscal.

Quintana aseguró que el gobierno no encubrirá la corrupción y que no habrá impunidad para nadie.

Las tres autoridades expresaron su disponibilidad para seguir cooperando con la justicia para esclarecer este asunto.