Aprovechando el cierre de año, cabe analizar qué es lo que puede haber detrás de los conflictos socio ambientales que captaron la atención de nuestra sociedad a niveles pocas veces visto en este tema.
En esa línea y previo al análisis, es preciso mencionar que el marco general del conflicto se podría encontrar “marcado” por la pugna entre el poder ejecutivo y el judicial, en donde este último, alentado por los recursos de protección que levantan distintas personas naturales o jurídicas, ha desestimado algunas resoluciones de calificación ambiental que se emiten por considerarlas inconstitucionales -caso de Castilla- o porque no se ha ejercido el derecho a consulta que promueve el Convenio 169 de la OIT al cual Chile está adscrito -caso El Morro-.
Bueno, y por supuesto la última joya de nuestra sociedad, el triste show del caso Freirina.
Como usted también ha de pensar, detrás de la creciente “judicialización” de este tipo de proyectos (que es como lo denominan algunos desinteresados medios de comunicación y el empresariado en general) el denominador común a todas estas acciones es la presencia de una ciudadanía más activa y empoderada que, ¿de pronto?, pareciese que le ocupan materias de interés común. Esto entrega una primera conclusión, finalmente y para la tranquilidad de muchos, Chile y su población sería más que un mall, un PIB, un ranking o solo “un” Santiago.
¿A qué se debe esta situación? como punto de partida, se podría señalar que cada vez ha habido mayor acuerdo como sistema, quizás las cosas podrían comenzar ha realizarse de manera diferente a como se vienen haciendo, en el entendido que durante los últimos dos años, la normativa que tenemos en materia ambiental, su institucionalidad pública, nuestros representantes públicos y las propias empresas, han venido perdiendo cada vez más credibilidad en lo que plantean y las formas que emplean para ello, sembrando una desconfianza que muchas veces inhibe que se avance hacia procesos sociales o asociativos más enriquecedores.
Como segundo elemento, y relacionado con lo anterior, también se debiese sincerar el discurso y asumir que en la práctica, la distribución de impactos no es, como la mayoría de las cosas en Chile, equitativa. Se entiende por esa desequilibrada distribución, que los impactos positivos que se prometen no son tales (el alcalde de Freirina aún esperaría las grandes cifras de empleo local que entregaba la cuestionada planta). Mientras que los negativos, que no se mencionan de manera clara y a tiempo, sí se suceden de manera continua y solo en el territorio en donde opera la empresa (aumento de polvo en suspensión, encarecimiento de los costos de vida, afectaciones paisajísticas, aumento de tensión y competencia por recursos hídricos, embarazos no deseados, aumento de índices de drogadicción, por ejemplo) entregando como resultado, una sumatoria poco favorable para esa comunidad en donde se planea instalar un mega proyecto.
Un tercer aspecto, que también ha surgido como argumento para mostrarse reacio a la instalación de mega proyectos, viene dado por la revalorización que han tenido los distintos servicios ambientales de los que dispone nuestro país. Esta situación se ha materializado en que han surgido nuevas propuestas de desarrollo local (muchas de ellas relacionadas con el sector turístico) que vienen también a romper y tensionar la lógica centralista con que Chile piensa y toma sus decisiones en temas de desarrollo tanto a nivel local como regional.
Por último, y sólo como mención de lo que no fue, el discurso de la Responsabilidad Social Empresarial sobre desarrollo sustentable se encontraría agonizante y con pocas perspectivas de vida así como se ha dado a conocer en la última década, precisamente porque las empresas no se han mostrado muy responsables ni sustentables ante la opinión pública. Entonces, frente a esa sensación, el discurso ha perdido credibilidad y hoy solo tiene asidero en seminarios donde generalmente asisten empresarios, autoridades públicas y organizaciones que trabajan en este rubro, es decir, todos los que estamos siendo cuestionados por la ciudadanía en general y las regiones del Chile rural en particular.
Ahora bien, volviendo a recordar que es fin de año, que el mundo no se ha acabado y que las fiestas demandan pensamientos positivos, se podría decir que este escenario tiene un lado bueno para Chile, pues nos habla de una profundización de nuestra democracia, la cual tiene como protagonista a una ciudadanía que pide, a gritos, literalmente, más y mejores espacios de participación para influir -en alguna porción- en las decisiones que les afectan directamente y, en ese sentido, la misión que nos queda como miembros de una sociedad, es comprender que los actos de participación en materia ambiental ya no pueden seguir entendiéndose como ejercicios burocráticos o de mera entrega de información, sino que deben desplegarse esfuerzos reales para conseguir verdaderos espacios de diálogo e intercambio de saberes que permitan la generación de acuerdos para emprender nuestros objetivos de país de una manera más armónica y menos excluyente con los otros.
Juan Pablo Gándara
Juan Pablo Gándara
Sociólogo de la Universidad Diego Portales. Se ha desempeñado elaborando diversos estudios socioambientales, principalmente diagnósticos y caracterizaciones territoriales, procesos de participación ciudadana, elaboración de líneas base y construcción y gestión de políticas de RSE, vinculadas a resolución y prevención de conflictos socioambientales.
