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Greenpeace destaca avances en la regulación deindustria de pesca y demanda planes de recuperación

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Greenpeace rescató que la nueva ley de pesca haya incorporado como base criterios de conservación ambiental. Para la organización medioambiental, estas incorporaciones significan una oportunidad para comenzar a monitorear la salud de las más importantes pesquerías y fortalecer la institucionalidad vigente, restringiendo el poder de la industria para autorregularse.

Por otro lado, los ambientalistas instaron al Gobierno a revertir de inmediato la actual situación de sobreexplotación de las pesquerías y señalaron que la ley sigue sin resolver la concentración en la asignación de las cuotas.

El Coordinador de Campaña de Greenpeace en Chile, Samuel Leiva, señaló que:“se han logrado avances en materia de sustentabilidad que permitirán regular cuánto pescar, sin embargo, la ley sigue manteniendo una distribución altamente concentrada en la asignación de las cuotas. Ello es aún una amenaza para la competencia y la justicia social”.

Greenpeace resaltó que más de 30.000 personas se unieron a la campaña ciudadana que realizó la organización para conseguir estos avances presionando directamente al Ministro de Economía, Pablo Longueira, quien finalmente debió aceptar lo incompleto del texto original y las correcciones en materia de sustentabilidad ambiental que Greenpeace exigía. Al respecto, Leiva señaló:“Es muy positivo que haya sido la ciudadanía quien ha exigido garantías para evitar la destrucción de los océanos. Nuestra campaña ha dado frutos en la conciencia de las personas”.

Entre los aspectos en materia ambiental de la nueva legislación, Greenpeace destacó que el nuevo objetivo de la ley es la conservación y el uso sustentable de los recursos, con evaluaciones cada cinco años para medir la eficacia e implementación de las medidas de conservación y administración. Adicionalmente,la organización ambientalista distingue que hoy las cuotas de pesca están determinadas y limitadas por recomendación de los comités científicos y ya no en manos de la industria en solitario. “Este factor permite, por primera vez, desafiar la exclusiva racionalidad económica en la explotación de los recursos del mar”, explicó Leiva.

“Hoy un 70% de las pesquerías se encuentran sobreexplotadas. El gobierno tiene la responsabilidad inmediata de hacer valer el cuerpo legal e implementar medidas para revertir esta gravísima situación que afecta a todos los chilenos, pero especialmente a los más vulnerables”, puntualizó el representante de Greenpeace.

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