La Iglesia Católica y la principal ONG de derechos humanos de Bolivia afirmaron este lunes que la consulta del gobierno a indígenas, sobre la construcción de una carretera que pasará por una reserva ecológica, fue “poco informada(…) precedida de regalos y prebendas”.

“La mayoría de las comunidades visitadas rechaza la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por medio del (parque) TIPNIS” en el centro de Bolivia, dijo en conferencia de prensa el obispo católico Jesús Juárez, que leyó el documento final.

Una comisión integrada por la Iglesia Católica y la ONG Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) evaluó la consulta que realizó el Poder Ejecutivo desde julio hasta la fecha, a más de medio centenar de poblaciones indígenas, para preguntarles si desean o no la carretera.

El Poder Ejecutivo aseguró que el 82% de los nativos del Tipnis, rico en flora y fauna, de un millón de hectáreas de extensión, apoyan la vía de 300 km. El último año se realizaron dos marchas de nativos desde la Amazonia hasta La Paz en oposición a la carretera.

La Iglesia y la Apdhb dijeron en su informe que “la consulta del gobierno fue precedida y acompañada por regalos, prebendas y promesas de desarrollo y servicios que condicionaron los criterios de libre y buena fe”.

El documento precisa que la consulta “no se ajustó a los estándares de consulta previa, conforme lo establecen las normas nacionales e internacionales”.

“No se han respetado las normas y procedimientos propios de las comunidades y pueblos indígenas. Tampoco se cumplió la condición de informada, porque no se les presentó estudios sobre los impactos ambientales, sociales, económicos y culturales de la construcción de una carretera por medio del Tipnis”, agregó el vocero eclesial.

El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, dijo la semana pasada que tras el “apoyo de los indígenas” a la vía, se construiría una ruta ecológica que contemplará puentes y túneles por encima de los árboles, aunque aún no se cuenta con el diseño final.

Los indígenas del Tipnis han recurrido en febrero pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al gobierno boliviano y para señalar que la vía afectará el ecosistema.