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Ministro Ribera asegura que las críticas en su contra por polémica en acreditaciones son de mala fe

Presidencia de La República
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Los conflictos de interés en sus autoridades vuelven a incomodar al Gobierno. El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, descartó renunciar a su puesto o vender su porcentaje en el Incacea, debido a su vinculación con la Universidad Autónoma, la cual está siendo investigada por el Ministerio Público y donde ya fue requerido la información contable de 2005 hasta el 2012.

El Fiscal Nacional, Sabas Chahúan, puntualizó que ninguna autoridad, aunque sea el Presidente de la República, tiene privilegios para no participar de alguna investigación.

El 18 de julio de 2011 Teodoro Ribera Neumann asumía la cartera de Justicia, tras la salida de Felipe Bulnes. En ese momento el nuevo secretario de Estado dejaba atrás una carrera como diputado de la República, integrante del Tribunal Constitucional y desde el 2010 hasta esa fecha como rector de la Universidad Atónoma.

Este último cargo es el que lo tiene en la mira del Ministerio Público, que a fines de noviembre formalizó al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Luis Eugenio Díaz, por lavado de dinero, cohecho, negociación incompatible y revelación de secreto, relacionado a la entrega de acreditaciones “fraudulentas” a distintos planteles estudiantiles.

Unos correos electrónicos entre Díaz y el ministro de Justicia Teodoro Ribera puso en duda la certificación de la Universidad Autónoma, lo que se sumó a la contratación del ex CNA por Ribera para la realización de informes a Gendermería.

Los cuestionamientos a la autoridad de Justicia, suman y siguen, debido al 7,5 por ciento que es propietario -en sociedad- del instituto Incacea y el supuesto 10 por ciento de la inmobiliaria Gaudí S.A., la cual presta sus recintos a la misma Universidad Atónoma.

El ministro Ribera descartó renunciar a su cargo, a pesar de las críticas en su contra, las que a su juicio son de mala fe.

Desde Renovación Nacional calificaron de “intachable” la trayectoria de Teodoro Ribera, símbolos de blindaje que también llegaron del Gobierno.

El ministro de Educación, Harald Beyer, puntualizó queno es correcto extender lo que sucede en la Autónoma a todo el sistema universitario.

El ministro secretario general de la presidencia, Cristián Larroulet, llamó a confiar en la transparencia de la autoridad de justicia.

Pero es el mismo Laurroulet quien ha sido cuestionado por sus conflictos de interés al llegar al Gobierno, cuando arribó siendo fundador de la universidad del Desarrollo, al igual que en 2010 Joaquín Lavín al llegar a la cartera de Educación.

El presidente del Senado, el socialista Camilo Escalona, señaló que los conflictos de interés han sido un problema sin solución en el mandato de Sebastián Piñera.

Respecto a la investigación que encabezan los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena de la Fiscalía Local de Ñuñoa al sistema de acreditación de las universidades han aparecido nuevos antecedentes.

A la luz pública salió que los persecutores ordenaron a la Policía de Investigaciones obtener de la Universidad Autónoma los contratos existentes entre el 16 de junio de 2005 y el 13 de agosto de 2012.

El Fiscal Nacional Sabas Chahuán puntualizó que ninguna autoridad, aunque sea el Presidente de la República, tiene privilegios para no participar de alguna investigación.

Esta investigación se suma a la que está analizando la Contraloría General de la República por petición de los estudiantes de la Confech y que también apunta a Teodoro Ribera. En esa línea, el Contralor Ramiro Mendoza cuestionó la postura mercadista de las universidades.

Dentro de las investigaciones del Ministerio Público que formalizó a Eugenio Díaz, también cayeron los ex rectores de la universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén y del Mar Héctor Zuñiga.

A este último ex directivo la sala penal de la Corte Suprema rechazó otorgarle la libertad, además de declarar inadmisible un recurso de amparo interpuesto por el abogado Juan Carlos Manríquez. El jurista adelantó que pedirán la declaración del actual presidente de la junta directiva de la U. del Mar Pedro Avendaño.

Indagatoria de la Fiscalía de Ñuñoa que solicitó a la Brigada de Delitos Económicos de la PDI incautar los computadores de autoridades de las universidades UNIACC, del Mar, Pedro de Valdivia, Andrés Bello, Bernardo O’Higgins y la Internacional Sek.

En esta última, incluído el del controlardos del plantel y directivo de la ANFP, Jorge Segovia.

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