Efectivos de la Brigada de Homicidios de la PDI en Temuco, detuvieron la tarde de este martes a un joven de 22 años de edad, quien estaba prófugo de la justicia.

Lo anterior tras ser condenado en julio pasado a 7 años de presidio como autor de homicidio frustrado, en contra de un cabo primero de Carabineros.

El personal policial ubicó en las inmediaciones del Consultorio de Salud Miraflores a Roberto Carlos Yañez Paillamán, quien el 2 de julio pasado fue condenado en un juicio oral a 7 años de presidio efectivo, por el homicidio frustrado del cabo 1° de dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Temuco, Carlos Bustamante Salazar, en un hecho ocurrido el 6 de marzo de 2009 en población Vista Verde.

El fiscal del Ministerio Público a cargo de la causa, Miguel Ángel Velásquez, detalló a La Radio que el joven estaba en libertad al momento de dictarse la condena en su contra, pese a que había solicitado al Juzgado se aplicara la medida cautelar de prisión preventiva, precisamente para asegurar el cumplimiento de la sentencia y evitar su fuga.

El hecho elevado a juicio oral, ocurrió aproximadamente a las 6 y media de la mañana del 6 de marzo del año 2009, cuando dos funcionarios de la Segunda Comisaría de Carabineros concurrieron a calle los Flamencos esquina los Mirlos, de la población antes mencionada, donde interceptaron un automóvil en el que viajaban 6 personas, quienes en horas previas habían cometido algunos ilícitos.

El grupo al advertir la presencia policial, descendió del móvil corriendo en diferentes direcciones, a excepción de dos de ellos, quienes fueron aprehendidos junto al auto, instante en que una de las personas que escapaba, Roberto Carlos Yánez Paillaman, extrajo un arma de fuego y efectuó disparos en contra de los carabineros.

En este hecho, fue impactado en la cabeza el cabo 1° Bustamante Salazar, quien resultó con traumatismo encéfalo craneano complicado, hundimiento expuesto temporal derecho, contusiones hemorrágicas y epilepsia postraumatismo, de carácter grave.

El caso fue tramitado en primera instancia por la Justicia Militar y luego, según la reforma legal vigente, derivado al Ministerio Público, a cargo del fiscal Miguel Ángel Velásquez.