El abogado de pescadores y algueras de Coronel, Lorenzo Soto, calificó como poco claro el fallo que rechazó el recurso contra el funcionamiento de Bocamina II, especialmente -dijo- en lo relativo al informe del Sernapesca por la mortandad de recursos marinos en abril pasado. Además, estimó como grave que ese Servicio no fuera consultado durante la Evaluación de Impacto Ambiental al que fue sometido la ampliación de la termoeléctrica.

Será justamente ese hecho con el que el abogado Lorenzo Soto llegará a la Corte Suprema para intentar revocar la sentencia de primer grado dictada por el tribunal de alzada de Concepción, que desestimó las denuncias de pescadores y artesanales de la caleta Lo Rojas.

Los recursos de protección denunciaban que el funcionamiento de la termoeléctrica de Endesa está dañando el borde costero, matando los recursos marinos y por ende terminando con lo que es su campo laboral.

El Servicio Nacional de Pesca fue el único ente que cuestionó el funcionamiento de Bocamina II en un informe a la Corte penquista al tenor de las acciones de los pescadores y algueras, pero los ministros lo descartaron en un párrafo que para el abogado Soto puede interpretarse de diversas formas.

Durante el trámite de la Evaluación de Impacto Ambiental de la ampliación de la central Bocamina, en 2006, fue consultada la Gobernación Marítima, junto a otros organismos, lo que para el profesional fue un error de la entonces Corema.

Y justamente, para manifestarse contra la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción llegaron a Santiago en esta jornada las algueras de Coronel, las que lideradas por su presidenta Marisol Ortega, procedieron a tomarse el Consulado de Italia, pues la controladora principal de Endesa, Enel, es de ese país europeo.

El lunes sería interpuesto el recurso de apelación para intentar ante el máximo tribunal la orden de paralización de la central Bocamina II.