El general Sisi invitó “a los distintos componentes del pueblo egipcio a un encuentro el miércoles por la noche para salir de la actual crisis”, informó Mena, mientras siguen en El Cairo las manifestaciones de ambos bandos que hacen temer enfrentamientos.

La invitación fue enviada a los dirigentes del Frente de Salvación Nacional (FSN), entre ellos Mohamed ElBaradei, premio Nobel de la Paz y ex jefe de la agencia nuclear de la ONU, y Amr Musa, ex jefe de la Liga Árabe, así como a otros responsables de la oposición, precisó una fuente militar que pidió no ser identificada.

El general invitó igualmente a los dirigentes del Partido Justicia y Libertad (PJL), el brazo político de los Hermanos Musulmanes, la organización islamista a la que perteneció Mohamed Mursi, y a varios movimientos salafistas.

Dos coaliciones rivales llamaron a manifestarse, una islamista, que apoya el referéndum , y otra liberal y de izquierda, que exige la anulación de esta consulta electoral, en medio de la peor crisis política en Egipto desde la elección a la presidencia de Mursi.

Encabezada por el FSN, la oposición manifestaba también en la plaza Tahrir, lugar simbólico de las protestas en el centro de la capital.

Le FSN, que reúne partidos y grupos de tendencia mayoritariamente liberal y de izquierda, rechaza el referéndum del sábado sobre el proyecto de Constitución, al considerar que el texto abre la vía a una islamización creciente de la legislación y carece de garantías para las libertades.

Un importante grupo de jueces anunció el martes ques rechazaría supervisar el comicio.

El FSN, que había indicado antes su rechazo al diálogo mientras no fuera anulado el referéndum, analizaba el martes por la noche las proposiciones del ejército.

De su lado, el bando islamista, que apoya a Mursi, estaba congregado en Nasr City, a unos kilómetros del palacio presidencial.

Varias decenas de miles de personas desfilaban cerca de la mezquita Rabaa, según un periodista de la AFP.

Un decreto presidencial del 22 de noviembre ampliando los poderes del mandatario provocó una ola de protestas y manifestaciones en el país, antes de ser anulado.

El pasado miércoles, los enfrentamientos entre partidarios y adversarios de Mursi dejaron siete muertos en la capital.

Mursi otorgó el lunes poderes policiales al ejército, incluyendo la facultad de arrestar civiles, hasta el anuncio el sábado del resultado del referéndum constitucional sobre un polémico proyecto de Constitución que divide al país.

Con este decreto, el ejército tiene la autoridad para arrestar civiles, una prerrogativa muy criticada durante el periodo en que los militares dirigieron el país tras la caída de Hosni Mubarak en febrero de 2011 y hasta la elección de Mursi en junio de 2012.

La organización de defensa de los derechos humanos, Human Rights Watch, con sede en Nueva York, reiteró que durante esta transición dirigida por los militares hubo “un uso excesivo de la fuerza, torturas y agresiones sexuales” llevadas a cabo por las fuerzas armadas.

Según Amnistía Internacional, esto abre “una fisura legal peligrosa que podría hacer que se procesen a civiles en tribunales militares”.

Desde el jueves los tanques y las fuerzas armadas están desplegados en los alrededores del palacio presidencial en El Cairo pero no han tomado hasta ahora ninguna acción contra los miles de manifestantes en el lugar.

A pesar de las protestas, Mursi decidió seguir adelante con el referéndum, que según el presidente es la garantía para seguir con la transición política tras 30 años de régimen autocrático de Mubarak.

En los últimos días los manifestantes opositores no sólo pidieron la anulación del decreto y del referéndum, sino también la dimisión del presidente.

“Aplazar el referendo para dentro de dos meses solucionaría muchos problemas. Nos permitiría examinar nuevamente algunos artículos y brindaría la oportunidad a la sociedad de estudiarlo y dar su opinión”, estimó por su parte el exsecretario general de la Liga Árabe y figura del FSN, Amr Musa.

Para rebajar el tenso clima social y político, Mursi suspendió el aumento de impuestos previsto para los productos de base (acero y cemento) y de consumo masivo (cigarrillos y bebidas no alcoholizadas), a la espera de la conclusión de un “diálogo” sobre sus efectos en la población.