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Pescadores afectados por derrame de petróleo en San Vicente buscan un acuerdo extrajudicial con ENAP

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En la búsqueda de un acuerdo extrajudicial trabajan abogados de pescadores afectados por el derrame de petróleo en la bahía de San Vicente en 2007, quienes demandan el pago de una millonaria indemnización de parte de Enap. En caso de no prosperar las negociaciones, los demandantes tendrían que probar ante la justicia los daños sufridos, proceso que podría demorar otros cinco años más.

Han transcurrido casi seis años desde el desastre ecológico. En mayo de 2007 el barco “New Constellation” descargaba petróleo para Enap cuando uno de los ductos se rompió, ocasionando el derrame de 350 m3. de crudo en las inmediaciones de la caleta Infiernillo.

Más de 3 mil artesanales desde Llico a San Vicente demandaron inmediatamente a la empresa estatal por el daño que produjo el derrame, al contaminar el área de extracción de recursos marinos. Poco ha avanzado la tramitación de la causa desde entonces y por eso la preocupación expresada por algunos pescadores hace unas semanas.

El abogado Gorky Díaz, que representa a casi 2 mil pescadores artesanales, señaló que la última gestión de la ministra Juana Godoy, de la Corte de Apelaciones de Concepción, fue citar a una conciliación y que es en ese contexto que se enmarcan reuniones con los representantes de aseguradoras de Enap, estatal respecto de la cual, sin embargo, Díaz es crítico.

Fuentes del Consejo de Defensa del Estado, parte también en la demanda, señalaron que el organismo busca en la acción legal la reparación del daño ambiental, algo que se ha logrado casi al 100 por ciento, entre otros, con el ducto aéreo construido por Enap.

Pero el Consejo también cree que no llegar a un avenimiento con la estatal significaría para los pescadores artesanales, algunos de los cuales demandan 70 millones de pesos en indemnización, un revés en sus pretensiones, pues se tendría que entrar a la entrega de pruebas para acreditar los perjuicios causados por el derrame.

Coincide con ello la abogada de los pescadores de Llico, Paula Villegas.

El fracaso de las negociaciones por un acuerdo extrajudicial obligaría a la ministra Godoy a dictar un fallo de primera instancia, que posteriormente sería revisado por la Corte de Apelaciones y después por la Corte Suprema, proceso que podría extenderse hasta 2017.

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