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EEUU niega participación en investigación por extorsiones en Bolivia

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El gobierno de Estados Unidos negó haber participado en las investigaciones del caso de la red de funcionarios gubernamentales bolivianos que extorsionaron al empresario estadounidense Jacob Ostreicher, detenido desde 2011 en Bolivia sin sentencia ni juicio.

“Ninguna instancia de Estados Unidos ha tenido ninguna actuación en este caso, ha sido todo el trabajo del Ministerio de Gobierno aquí”, dijo el encargado de Negocios estadounidense en Bolivia, Larry Memmott, durante un breve contacto con la prensa.

En semanas anteriores, el ministro del Interior, Carlos Romero, comentó a una red radial que el presidente de Bolivia, Evo Morales, había sido alertado del caso mediante mensajes de celular desde una embajada en La Paz, aunque sin identificarla.

La afirmación generó versiones en la prensa boliviana respecto a que tales mensajes serían de la embajada de Estados Unidos o la oficina de investigaciones del FBI.

Un boletín de prensa difundido por el Ministerio del Interior boliviano precisa que “el único antecedente del FBI relacionado con la indagación del caso es un informe difundido en el blog (de un ex gente)” que contiene “afirmaciones cargadas de sesgo político e ideológico ofensivas para la dignidad del país (Bolivia)”.

El empresario estadounidense Jacob Ostreicher llegó a Bolivia en 2008 para desarrollar una industria arrocera, pero fue encarcelado bajo la acusación de lavar dinero del narcotráfico. Ostreicher negó la imputación, insistiendo en que sus inversiones fueron legales y provenían de ahorros propios y de un socio en Suiza.

El empresario denunció hace dos semanas que un grupo de abogados del Ministerio de Interior boliviano lo extorsionó para darle la libertad, en alianza con jueces y fiscales, mientras disponían de sus bienes de manera arbitraria.

A principios del mes pasado, el afamado actor Sean Penn abogó por la libertad de Ostreicher, mientras que el viernes dos congresistas norteamericanos gestionaban su libertad ante autoridades políticas y judiciales bolivianas.

El caso permitió destapar una red de asesores del gobierno, abogados, funcionarios estatales, exempleados, fiscales y jueces que extorsionaban a litigantes en casos millonarios e incluso a narcotraficantes para ser cambiados de cárceles y a políticos opositores para no ser investigados.

Seis personas están detenidas, dos de ellas abogados del Ministerio de Interior.

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