Medio centenar de organizaciones civiles pidieron este viernes a la Organización de Estados Americanos (OEA) que no condene a la irrelevancia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sometida a un proceso de reformas que creen que puede restarle autonomía.
Las 52 organizaciones hicieron un frente común para alertar durante una reunión extraordinaria de la OEA en Washington contra la posibilidad de que se limiten las atribuciones de la CIDH, que ha soportado críticas de varios países de la región en los últimos años.
“Si los Estados intentaran imponerle a una institución que crearon independiente y autónoma, reglas y límites (…) estarían condenando a esa institución a la irrelevancia y negando a los habitantes de las Américas la justicia que buscan”, dijo Renzo Pomi, representante de Amnistía Internacional.
“El desafío principal que ahora enfrentan los Estados es entender los límites de su propia actuación en este tema”, dijo Pomi.
La OEA realiza el proceso de reformas, liderado por países como Venezuela y Ecuador, que acusan a la CIDH de ser parcial en su contra, pero también por otros como Perú y Brasil, irritados por decisiones de la Comisión.
Pero varios países intervinieron durante la reunión para garantizar que el objetivo no es debilitarla, sino fortalecerla.
“Ecuador ha sido muy crítico” de la CIDH y promueve reformas “radicales”, admitió la embajadora María Isabel Salvador, pero “éste es un proceso en el que todos queremos construir algo mejor, no queremos destruir nada”.
“La Comisión ha venido actuando sobre la base de la práctica y esa actuación tiene un impacto negativo en la objetividad”, recordó la representante alterna de Venezuela, Carmen Velásquez, quien reclamó una mayor “rigurosidad jurídica” del ente.
“Algunos quieren debilitarla, pero mientras exista esa alianza entre la sociedad civil y los países que queremos mantenerla a toda costa, triunfará el apoyo” a la Comisión, dijo Guillermo Cochez, el embajador de Panamá, que junto a países como Estados Unidos y Canadá defienden su autonomía a ultranza.
En tono conciliatorio, el director de Derechos Humanos de la cancillería argentina, Federico Villegas, dijo entender las suspicacias por similares iniciativas precedentes de la OEA que sí buscaban socavar a la Comisión, pero pidió en este caso superar la “percepción” de que se quiere su “debilitamiento”.
Los cancilleres de la OEA aprobaron en junio pasado una serie de recomendaciones no vinculantes, pero ahora está en discusión si las hacen obligatorias.
Entre otras exigencias, los países quieren mayor claridad a la hora de imponer medidas cautelares de protección y en la elaboración de sus informes, sobre todo por un polémico capítulo del informe anual que es una especie de lista negra, donde están incluidos desde hace años Venezuela, Colombia y Cuba.
“El doble discurso de los Estados es lo que está debilitando el sistema. Por favor, no le corten las alas de libertad a los que nos defienden”, dijo Luz Estela Castro, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres de México, que como otras ONG recordó los aportes de la CIDH a la defensa de los derechos humanos en la región.
“No podemos permitir que se retroceda en lo que hemos conquistado”, subrayó.
En la reunión, las organizaciones entregaron un documento en defensa de la Comisión con más de 3.000 firmantes, entre ellos expresidentes como César Gaviria y Andrés Pastrana de Colombia y Alejandro Toledo de Perú, el premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel y poetas como el nicaragüense Ernesto Cardenal y el argentino Juan Gelman.
En respuesta a los cambios impulsados desde la OEA, la CIDH ha emitido a su vez su propio plan de reformas, para brindar mayores garantías jurídicas a sus procesos, pero para ello reclama que la organización regional de 34 miembros activos le aumente su presupuesto, que juzga insuficiente.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, quien opina que la CIDH debe actualizarse, propuso esta semana un fondo de capital de 100 millones de dólares para financiar a la Comisión y a la Corte Interamericana, una iniciativa que será estudiada por los países de la región.
