Amnistía Internacional denunció el viernes “niveles crecientes” de abusos y ataques a activistas de derechos humanos por parte de “fuerzas de seguridad, grupos paramilitares y bandas criminales” en América Latina, en un nuevo informe publicado este viernes.
El documento, que lleva por título “Transformar dolor en esperanza: defensoras y defensores de derechos humanos en América”, se basa en unos 300 casos de “intimidación, hostigamiento, ataques y asesinatos” de activistas de derechos humanos en una decena de países desde comienzos de 2010.
“En casi todos los países de América se somete sistemáticamente a las defensoras y los defensores de derechos humanos a hostigamiento, ataques y cargos penales infundados con el fin de impedirles defender los derechos de las personas más marginadas”, declaró Nancy Tapias Torrado, investigadora de la organización establecida en Londres.
Casi la mitad de los casos analizados para el informe por Amnistía afectan a activistas que trabajan en temas relativos a la tierra y los recursos naturales, en particular en países como Brasil, Colombia y Honduras, a menudo relacionados con proyectos de infraesctructura.
“Hombres y mujeres que trabajan para proteger los derechos humanos también están en la mira, pues poderosos intereses económicos y políticos los perciben como un obstáculo a proyectos de desarrollo de gran envergadura”, agregó la experta de Amnistía.
La organización considera que son igualmente vulnerables los defensores de gays, lesbianas y transgénero o de los migrantes, los que denuncian violaciones de derechos humanos o hacen campaña por obtener justicia, y en algunos casos también periodistas, blogueros y sindicalistas.
De todos los casos estudiados, afirma Amnistía, “sólo en cuatro se declaró culpables a los autores”.
La organización insta en consecuencia a los gobiernos de la región a proteger a estos activistas, y a investigar los abusos.
“Cuando las autoridades no protegen a quienes trabajan para defender los derechos humanos de todas las personas y no investigan los ataques perpetrados contra ellos, transmiten el mensaje de que se toleran los ataques”, afirmó Tapias Torrado.
“Los gobiernos deben garantizar que las defensoras y los defensores de derechos humanos disfrutan de protección integral, que incluye, como mínimo, reconocer la importancia y la legitimidad de su trabajo, investigar plenamente los abusos a los que se enfrentan y proporcionar medidas efectivas de protección”, concluyó.
