El diputado Joaquín Godoy se reunió con el director regional del Sename, Marcelo Platero, para solicitar información respecto a los casos de presuntos abusos de menores registrados en Juan Fernández, oportunidad en la que el parlamentario reiteró su preocupación por el tema.
Godoy hizo público un estudio realizado por el Sename que arrojó resultados “alarmantes” según sus palabras, ya que la propia comunidad consultada reconoció sentirse abandonada frente a estos temas.
Godoy además responsabilizó al Estado de Chile por el poco resguardo que ha brindado a los territorios insulares que en este caso habrían propiciado la ocurrencia de estos abusos y la impunidad en que quedaron, puntualizó.
El parlamentario oficializó que hay 6 denuncias vigentes de abusos de sexuales, 4 de maltratos y otras 12 de abusos sexuales ocurridos en años anteriores.
Marcelo Platero dijo que las denuncias están en manos de la Fiscalía y que la última que se recibió fue el año 2011.
Platero reiteró que muchas de las denuncias que se hicieron en la isla no se oficializaron, es decir, sólo se generaron constancias y que muchas personas con el proceso de intervención se dieron cuenta que en algún monumento de su vida habían sido abusados.
Recordemos que frente a este tema, la ministra (S) de Justicia Patricia Pérez reconoció que cuando se implementó la Reforma Procesal Penal, no se consideró el caso especial de Juan Fernández.
Asimismo, la autoridad adelantó que se está trabajando en la posibilidad de implementar un juez penal en el territorio, dentro de otras medidas que no quiso detallar.
Pero la pregunta es que pasará a futuro, porque según palabras del propio Director del Sename está la denominada cifra negra, aquella que dice que por cada caso conocido oficialmente hay tres casos que no se denuncian.
Según Platero, en primer lugar las acciones serán darle continuidad a los programas de difusión, para lo cual solicitarán extensión de los recursos por parte del Gobierno Regional o directamente del Ministerio de Justicia, de forma de instalar una oficina permanente de protección de Derechos de los Niños y Adolescentes.
