Las autoridades colombianas aumentan la presión sobre las FARC antes del reinicio esta semana de las negociaciones en Cuba, al marcar un plazo de menos de un año para llegar a un acuerdo de paz y lanzar un ataque militar que podría haber dejado una veintena de guerrilleros muertos.
En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de Twitter, el presidente Juan Manuel Santos consideró “positivo” el desarrollo de la primera ronda de las negociaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas), que deben proseguir el miércoles en La Habana.
No obstante, “nadie está pensando en modificar tiempos (de negociación). Meses y no años”, escribió Santos horas después de entrevistarse con sus delegados para los diálogos, cuya sede es La Habana.
En un discurso pronunciado el domingo, el presidente recalcó que las negociaciones deben concluir como muy tarde en noviembre de 2013.
“Ese plazo no debería perturbar las discusiones por ahora”, estimó en declaraciones a la AFP el politólogo colombiano Ariel Ávila, que considera que Santos quiere lograr resultados antes de las presidenciales de 2014, en las que puede presentarse a la reelección.
“En cambio, si no hay resultados rápidos, las cosas pueden complicarse mientras se acerque esa fecha”, señaló Ávila, investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris, especializada en el conflicto armado de Colombia.
Oficialmente no hay una fecha límite para el fin de las negociaciones y la guerrilla, que insiste en abordar las causas sociales del conflicto, ya expresó repetidas veces su rechazo a una “paz exprés”.
Las conversaciones con la guerrilla más antigua de América Latina se instalaron formalmente en octubre pasado en Oslo (Noruega) y fueron trasladadas el 19 de noviembre a Cuba.
En la isla comenzaron a discutir el primero de los cinco temas de la agenda -el problema agrario- hasta que el pasado jueves ambas partes se despidieron para un receso de cinco días, a la vez que enviaban mensajes públicos de esperanza en el proceso.
Sin embargo, la reanudación de las negociaciones, prevista para el miércoles, podría encontrarse con un clima mucho más tenso en la mesa.
Además de la fecha límite marcada por Santos, el Ejército colombiano informó de un bombardeo efectuado el sábado contra tres campamentos guerrilleros en el selvático municipio de Ricaurte (Nariño, suroeste, frontera con Ecuador) en el que estima haber matado a una veintena de rebeldes, incluido un cabecilla local.
Este ataque “no debería impactar sobre las negociaciones. Estaba previsto que seguirían las operaciones de la fuerzas armadas”, recordó Ávila.
El gobierno colombiano ha rechazado establecer una tregua antes de que se llegue a acuerdo final mientras las FARC sí se comprometieron a un cese al fuego unilateral durante dos meses, hasta el 20 de enero.
El equipo negociador rebelde permanece en La Habana durante el receso y el domingo se reunió con enviados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), a quienes entregaron una solicitud para que el diálogo con el gobierno sea reconocido bajo las normas de la Convención de Ginebra.
Esta Convención impone normas y límites a los beligerantes en los conflictos armados y protege a heridos, prisioneros de guerra y poblaciones civiles.
Las FARC pidieron “con carácter urgente” a los delegados del CIRC “la atención médica” de los guerrilleros detenidos en Colombia, dijeron los rebeldes en un comunicado enviado a la AFP.
Así mismo entregaron un documento en el que solicitan a los gobiernos de Ecuador, Colombia y al propio CICR realizar los trámites para la repatriación de los cadáveres de los guerrilleros abatidos en 2008 en Sucumbíos (Ecuador), entre ellos el entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes, agrega el texto.
Fundadas en 1964 tras una insurrección campesina, las FARC cuentan con unos 9.200 combatientes mayoritariamente replegados en zonas rurales del país, de acuerdo con las autoridades.
