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Peña Nieto asume presidencia de México con promesa de reducir violencia

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Enrique Peña Nieto asumirá el próximo sábado 1 de diciembre la presidencia de México, un país que muestra una buena salud económica pero que enfrenta una ola de violencia sin precedente, herencia contrastante del mandatario saliente Felipe Calderón.

Peña Nieto, electo el 1 de julio por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México 71 años y que parecía moribundo tras su derrota en 2000, se ha comprometido a impulsar reformas que consoliden la competitividad de un país cuyo crecimiento económico superó en 2011 al de Brasil, primera economía latinoamericana.

Pero ante todo se espera que este abogado de 46 años, con físico de galán televisivo y conocido por su eficiencia en la administración gubernamental, cumpla su promesa de solucionar la crisis de seguridad que vive el país.

Cambio de estrategia

Peña Nieto se ha comprometido a disminuir en el corto plazo la violencia, que ha alcanzado niveles sin precedente, resultado de las pugnas entre narcotraficantes y también, según críticos de Calderón, del despliegue de más de 50.000 militares en un operativo antidrogas lanzado por el presidente saliente.

Esta ofensiva antidrogas, que el mismo Calderón describió como una “guerra”, y las pugnas entre los cárteles han dejado más de 60.000 muertos desde diciembre de 2006, cuando llegó al poder. Desde entonces, la tasa de homicidios se ha casi triplicado al pasar de nueve a 24 por cada 100.000 habitantes.

El gobierno de Calderón se jacta de haber capturado a 25 de los 37 criminales más buscados de México, pero especialistas en seguridad consideran que la estrategia de capturar a los “capos” de los cárteles tuvo el efecto perverso de una dispersión geográfica de la violencia.

Durante un encuentro el pasado martes en Washington con el presidente estadounidense Barack Obama, Peña Nieto subrayó que dará continuidad a la lucha antidrogas. “Pero la estrategia debe forzosamente cambiar”, escribió el presidente electo en el diario The Washington Post.

“Mejoraré la coordinación entre las autoridades encargadas del combate a la criminalidad, ampliaré la policía federal en al menos 35.000 uniformados y reforzaré los trabajos de inteligencia y análisis”, añadió en el artículo.

En la revista Time, sin pronunciarse sobre la legalización de las drogas en dos estados norteamericanos, Peña Nieto dijo estar a favor de “un debate hemisférico sobre la efectividad del camino que hemos seguido en la lucha antidrogas”.

“Crisis humanitaria”

“Además de los niveles de violencia que se dispararon de manera exhorbitante y la inseguridad consecuente, los propósitos establecidos no se cumplieron: en términos de control territorial; el consumo de drogas, que era muy pequeño en México, no se redujo; las instituciones quedan debilitadas y los carteles han sido golpeados, sí, pero han expandido sus actividades”, dijo a la AFP José Antonio Crespo, historiador y analista político.

Santiago Corcuera, ex miembro mexicano del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas, alertó el miércoles en declaraciones a la emisora MVS que México vive una “verdadera crisis humanitaria” que se traduce en una multiplicación de las denuncias por tortura, desapariciones forzadas o investigaciones ilegales.

Una de las primeras medidas anunciadas por el presidente electo y propuesta al Legislativo mexicano en días pasados fue la desaparición de la Secretaría de Seguridad, creada en 2000 por los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN).

Seguridad, cuyas responsabilidades pasarían a la secretaría de Gobernación (Interior) si el Legislativo aprueba la propuesta, tiene bajo su mando a la Policía Federal, que se vio fortalecida en el gobierno saliente y que ha sido la punta de lanza de la lucha antidrogas a un lado del Ejército y la Marina de guerra.

Sin embargo, el prestigio de la Policía Federal y la secretaría de Seguridad, presidida por Genaro García Luna, que consiguió mantenerse en el cargo pese a las críticas en su contra, se ha visto empañado por casos como el ataque por parte de uniformados federales contra un vehículo diplomático estadounidense o un enfrentamiento entre policías en el aeropuerto internacional de Ciudad de México.

La eliminación de la secretaría de Seguridad refleja la voluntad del futuro presidente mexicano de devolver al poder político la dirección de las estrategias de seguridad, responsabilidad considerada demasiado seria para dejarla únicamente en manos de militares y policías.

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