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OCDE recomienda al Mineduc cierre de Universidades que no logren acreditarse

Universidad de Navarra (CC)
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La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al Ministerio de Educación adoptar medidas respecto a la Comisión Nacional de Acreditación, que ha estado en el centro de la polémica tras revelarse una serie de irregularidades en los últimos días.

En un informe que fue solicitado por la misma cartera encabezada por Harald Beyer, se entrega una serie de medidas que debería adoptar el Estado chileno, que viene a ratificar lo señalado por la Contraloría General de República en un informe que cuestiona la labor de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y los “vínculos” de las agencias acreditadoras con las instituciones de educación superior en las cuales deben certificar la calidad de su enseñanza.

El organismo fiscalizador comprobó que la CNA no cuenta con manuales de procedimientos internos relativos a la acreditación “situación que no se ajusta al principio de transparencia institucional e incrementa la exposición al riesgo, lo cual afecta su estructura de control interno, además de sus objetivos”.

En el informe la entidad cuestionó el procedimiento de la CNA llamado “acreditación extendida”, planteando que ” no permite resguardar la calidad de los programas de educación superior, puesto que continúan como acreditados programas que en la práctica no han sido evaluados”.

Además la Contraloría informó que “existen vínculos entre las agencias acreditadoras dadas por los miembros del directorio o quienes conforman dichas sociedades, y las instituciones que imparten la educación”, advirtiendo de eventuales conflictos de interés.

Tales conflictos se refieren al caso de Luis Eugenio Díaz Corvalán, ex presidente de la CNA, que en su calidad de máximo ejecutivo participó de la acreditación de la Universidad del Mar en diciembre del 2010 y al mes siguiente se hizo de un contrato por 60 millones de pesos para asesorar a la misma casa de estudios. Siendo consejero de la CNA y tras conocerse esta situación, Díaz renunció en marzo de este año. El pasado sábado 24 de noviembre fue formalizado junto al ex rector de la Universidad del Mar, Héctor Zúñiga y el ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, por delitos reiterados de cohecho, soborno y lavado de activos en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago.

LAPIDARIO INFORME DE LA OCDE

De acuerdo a lo señalado por el informe de la OCDE, se recomienda al Estado chileno “asegurar un mejoramiento del sistema de aseguramiento de la calidad es urgente”, pues a juicio del organismo “el sistema actual no funciona tan bien como debería”, según publica La Tercera.

En ese sentido, se propone que “la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones: institutos, centros de formación técnica y universidades. Si no la obtiene, puede apelar ante el Consejo Nacional de Educación. Si la certificación le es negada en éste, puede quedar en interdicción y se le quita automáticamente el reconocimiento oficial”, según precisa el consultor en educación superior y académico de la UC, Alberto Vásquez, citado por LT.

Cabe recordar que actualmente los planteles de educación superior pueden optar a una acreditación que va desde 1 a 7 años, sin embargo, la OCDE sugiere que el proceso sólo conlleve a una aprobación o un rechazo, sin otras variables.

Pero este último cambio es menor comparado con lo señalado en el informe, que propone reemplazar la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por una Agencia Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, institucionalidad que debe trabajar de manera autónoma y con miembros dedicados de manera exclusiva a dicha labor, contrario a lo que sucede actualmente en la CNA.

A juicio de la OCDE, esa nueva institucionalidad debe velar además por la autonomía de los planteles, pues según explica Alberto Vásquez, “una vez obtenida la autonomía, las instituciones quedan en un terreno de no evaluación y pueden pasar años sin dar cuenta de qué están haciendo con el proyecto que les fue licenciado”.

Al respecto, el documento puntualiza que “estar acreditado lleva acceso ilimitado a financiamiento, pero con condiciones: revisión periódica de la calidad; capacidad limitada para crecer y añadir nuevos programas o campus”, monitoreo que debe ser asumido desde el Mineduc.

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