El gobierno argentino pidió el lunes a la Corte de Apelaciones de Nueva York que suspenda la orden dictada por el juez Thomas Griesa de pagar al contado una deuda de 1.330 millones de dólares con fondos especulativos, informó el Ministerio de Economía.

“En el día de la fecha los abogados que representan a la República Argentina ante los estrados judiciales del estado de Nueva York presentaron un escrito solicitando el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos de la orden que Griesa otorgó el pasado miércoles”, señaló un comunicado de prensa de la cartera de Hacienda.

El gobierno había anticipado que el lunes apelaría el fallo del juez Griesa y la presentación finalmente fue hecha cerca de la medianoche de Argentina.

La apelación “hace eje en las deficiencias de la orden de Griesa” y consideró nulo su fallo “por el hecho de que el juez carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento”, señaló el parte.

Argentina solicitó a la Corte “el mantenimiento de la medida cautelar de no innovar (stay) hasta tanto el proceso de apelaciones se pueda completar”, agregó el comunicado, al sostener que “este se encuentra en pleno trámite a partir de la solicitud de revisión al Plenario de la Cámara que hizo Argentina”.

En la apelación se alude a la “inequidad manifiesta de la fórmula propuesta por Griesa”, que consiste “en pagarles a los fondos buitres el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre, mientras los bonistas que entraron al canje sufrieron quitas importantes y se les aplicó plazos de pago que van hasta el año 2038″.

El fallo benefició a los acreedores que rechazaron ingresar en el canje propuesto por Argentina y aceptado por casi el 93% de los tenedores de bonos en 2005 y 2010 tras el default declarado en 2001 por unos 100.000 millones de dólares.

Según el comunicado, “un remedio consistente” hubiera sido que Griesa disponga una fórmula de pago a los bonos especulativos que los tratara “en los mismos términos que la Argentina ofreció en 2010″, lo que “podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”.

El juez dio plazo hasta el 15 de diciembre para pagarle a los demandantes el 100% de sus bonos en un solo pago, cuando el 93% restante había aceptado quitas que rondan el 70% y plazos superiores a los 20 años, lo que en caso de que se deba acatar el fallo abre especulaciones sobre futuros reclamos judiciales.

Argentina denunció además “el intento de amenazar el cumplimiento de su deuda” así como “el ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes sancionadas por el Congreso argentino”.

Argentina debe afrontar dos vencimientos el 2 de diciembre unos 45 millones de dólares con acreedores que sí entraron al canje de deuda y el 15 de diciembre intereses por 3.100 millones de dólares del Cupón-PIB, un bono que se ajusta por el crecimiento de la economía (8% anual promedio).

“La suspensión de la orden hasta que la Cámara resuelva es la única forma en la cual se protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general”, advirtió la apelación.

Griesa hizo lugar a una demanda que lleva 10 años de los fondos especulativos NML y Aurelius, cuya forma de operar consiste en comprar a precio de remate bonos de países en bancarrota como Argentina en 2001 y litigar en tribunales por el 100% del capital más intereses sin aceptar ningún canje.

La presidenta Cristina Fernández ha dicho en varias ocasiones que no negociará con esos fondos, entre ellos el NML Capital, que logró que un juez de Ghana retuviera la fragata argentina “Libertad” en un puerto cercano a Accra.