A una semana de que la Municipalidad de Concepción lleve a la Corte Suprema el acuerdo para zanjar el caso Mercado, concejales criticaron que el documento les vaya a ser presentado para su aprobación sin el tiempo necesario para estudiarlo. Uno de los puntos que genera más dudas es sobre la propiedad del centro comercial.

El 4 de diciembre próximo, dos días antes de dejar el cargo, el alcalde Patricio Kuhn entregará al ministro Sergio Muñoz el proyecto para recuperar el Mercado Central de Concepción, con una propuesta sobre la propiedad del inmueble, cuestión discutida justamente en la demanda respecto de la cual el máximo tribunal del país ha propiciado una salida extrajudicial de común acuerdo entre las partes.

El documento, sin embargo, en el que el abogado externo del municipio, Mauricio García, trabaja contrarreloj junto a los representantes de los locatarios, de la administración del Mercado y de la inmobiliaria que compró el inmueble hace 16 años, debe ser aprobado por los concejales antes de su entrega en la Corte Suprema.

Sin embargo, ediles consultados por Radio Bío Bío sostienen que no han sido convocados aún a una reunión con ese objetivo y criticaron que se les consulte con tan poco tiempo. Una de ellas es la concejala Alejandra Smith:

Para el edil Patricio Lynch, la base de cualquier negociación tiene que ser la propiedad del Mercado Central. Hasta ahora, lo único que se ha informado sobre eso es que estaría consensuada la entrega de locales en propiedad a los comerciantes, sin señalarse qué ocurrirá con el resto de la construcción que conforman las calles Maipú, Freire, Caupolicán y Maipú.

Para Lynch hay también otras dos aristas que debe contemplar el acuerdo:

El Mercado Municipal de Concepción fue vendido en la década de los ’80 a los locatarios. Para Lynch, el resultado de esa transacción no justificaría que se entregue locales en propiedad a los comerciantes.

Sobre este último punto, desde la Asociación Gremial de Locatarios del Mercado Central se ha denunciado desde la década de los ’90 que la administración del inmueble es la que nunca canceló la deuda con el municipio penquista, no obstante que cada comerciante ha pagado mensualmente lo convenido, por lo que en su momento fue presentada una querella por apropiación indebida y estafa, la que fue finalmente sobreseída.