La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó al ministro de Chillán, Claudio Arias, reabrir la causa que investiga la desaparición de tres campesinos de Ñuble en 1973.
El tribunal de alzada acogió así una apelación del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, en la que alegaba que en el sumario estaba prácticamente aclarada la responsabilidad de personal de Carabineros en el secuestro calificado.
El ministro Arias había dictado el sobreseimiento del caso, argumentando que las diligencias se habían agotado, sin poder acreditar la culpabilidad de las personas inculpadas en la investigación, entre ellas el teniente en retiro, Patricio Jeldres Rodríguez.
En ese escenario es que la abogada del Programa de Derechos Humanos, Patricia Parra, recurrió la resolución del alto magistrado relativa a la desaparición de los hermanos Gustavo y Rogelio Domínguez, además de Wilson Becerra, detenidos el 11 de octubre de 1973 por un grupo operativo de la 2º Comisaría de Carabineros de Chillán. Los efectivos estaban al mando entonces del oficial Jeldres.
Tras ecuchar los alegatos de la abogada Parra y analizar los antecedentes, los ministros de la Primera Sala de la Corte penquista -María Leonor Sanhueza, Eliseo Araya y César Panés- estimaron “que no se encuentra agotada la investigación”, por lo que ordenaron la reapertura del sumario.
Además, decretaron que el ministro Claudio Arias -criticado por agrupaciones de Familiares de Víctimas de Detenidos Desaparecidos- practique una serie de diligencias, entre las cuales están un careo entre el ex uniformado inculpado y Patricio Marabolí Orellana, “a fin de aclarar la contradicciones que se advierten en sus declaraciones”.
También se ordena al juez someter a Jeldres a una serie de exámenes médicos para determinar si su condición de salud le permitiría enfrentar el eventual proceso judicial.
