A la Superintendencia de Educación llegó el caso de la Inmaculada Concepción, luego que los padres de tres alumnas denunciaran que la dirección les impide el ingreso al establecimiento, no obstante una resolución de la Corte Suprema. Personal de esta recién creada instancia se apersonará en el establecimiento.
Un nuevo capítulo se abrió en la centenaria historia del colegio, cuando se pensaba que la justicia había puesto fin a una de las polémicas que han marcado el año escolar, luego que el máximo tribunal restituyera la calidad de apoderados a los ex dirigentes del Centro de Padres, y además ordenara la matrícula de sus hijas.
Luego que Miguel Palacios, Patricio Leal y Alejandro Grandón llegaran este jueves a una reunión de apoderados, llevando con ellos el fallo de la Corte Suprema, la directora María Victoria González se opuso a autorizar el ingreso al establecimiento, argumentando que no había sido notificada de la resolución judicial.
Por eso, en nombre de los apoderados, Patricio Leal acudió a la Seremi de Educación para entregar los antecedentes de lo ocurrido:
Al resistirse a cumplir con lo que ordenan los tribunales, sostiene Leal, el colegio Inmaculada Concepción incurre en desacato:
Será la Superintendencia de Educación la que indague la acusación, adelantó la abogada de la Secretaría Regional Ministerial, Cecilia García, al explicar el funcionamiento del ente que hace poco comenzó su funcionamiento.
A pesar de que las monjas sostenedoras revocaron la decisión de vender el establecimiento anunciada en marzo, lo que dio origen a la compleja situación al interior del colegio, el Inmaculada Concepción continuará su proyecto educacional el próximo año, aunque con un número -al parecer- muy por debajo de las 1.400 alumnas con las que comenzó el año escolar 2012.
