La Sala Constitucional de la Corte Suprema determinó que el Estado debe pagar una indemnización de más de cuatrocientos millones de pesos a las viudas e hijos de dos oficiales de la Armada que murieron en un accidente en el mes de mayo de 2003.

En fallo unánime, la Tercera Sala del máximo tribunal, acogió los recursos presentados por los demandantes y ordenaron al Fisco cancelar distintas sumas a los familiares de los teniente primero Juan Pablo Espinoza Sapunar (piloto) y Gustavo Bahamondes Benavente (oficial coordinador táctico).

Ambos oficiales formaban parte de la tripulación de un helicóptero Cougar-Naval 72 de la Armada que el 24 de mayo de 2003 se precipitó al mar en el sector de Punta Falsa Chipana, Región de Tarapacá, durante la realización de ejercicios nocturnos.

La sentencia determina la responsabilidad del Estado por la falta de servicio al realizar ejercicios militares nocturnos en un momento en que las condiciones climáticas recomendaban no realizar ningún tipo de maniobras.

“Que en el presente caso resulta claro que ha existido falta de servicio por mal funcionamiento del organismo público, la Armada, al realizar ejercicios navales nocturnos en condiciones climáticas adversas, específicamente el procedimiento de calada, lo que ocasionó la muerte de dos oficiales de esa institución”, consigna el fallo.

De acuerdo a la investigación administrativa de la Armada determinó la responsabilidad del comandante de la misión capitán de Corbeta, Francisco Saldivia Fuentes, quien sobrevivió al accidente, al igual que el sargento segundo Alfredo Romero Peña y el marinero Marcos Rojas Contreras.

Asimismo el fallo rechaza la alegación del Fisco de que las dos víctimas fatales se expusieron imprudentemente al peligro, ya que se considera que el actuar negligente del comandante de la aeronave fue fundamental para el accidente.