Preocupación expresaron los trabajadores de empleos de emergencia del Bío Bío, luego de detectarse irregularidades en la ciudad de Lebu. Unidos pidieron una fiscalización de Contraloría al resto de las comunas y la permanencia de estos programas en las comunas con las mayores cifras de cesantía.

Desde hace 15 años la creación de empleos de emergencia y de mejoramiento urbano, entre otros programas, llegaron a paliar una crisis mayor de cesantía y falta de desarrollo productivo en zonas como la cuenca del carbón y la provincia de Arauco.

De allí su apelativo, “trabajos de emergencia”, que ya permanentes alimentan a 15 mil familias en el Bío Bío con inversiones millonarias que debieran revisarse en la Ley de Presupuesto.

Ante la aparición de verdaderos negocios ilícitos en torno a estos empleos en comunas como Lebu, temen que se ponga en jaque su continuidad, tal como lo relató Eduardo Grandón, trabajador del PMU de Lota.

Eso sí, piden que los empleos se desarrollen en orden, sin anomalías, y para eso llegaron a Contraloría a pedir fiscalización, según indicó Juan Carlos Tapia, presidente regional del sindicato de programas de empleos de emergencia.

Asimismo, el diputado socialista Manuel Monsalve comentó que es necesario mantener los puestos de trabajo y hacerse cargo de cuidar las formas de aplicación de estos, que son mandatados por el Gobierno y administrados por municipios y corporaciones privadas.

Incluso, tras el encuentro con la contralora regional del Bío Bío, el parlamentario dio a conocer que el órgano evidenció que iniciarán fiscalizaciones en la comuna de Los Álamos, por eventuales ilícitos.