Por segundo día consecutivo, el tribunal de alzada penquista suspendió los alegatos en los recursos de protección presentados a mediados de este año por agrupaciones de Coronel, las que denunciaron que la puesta en marcha de la central Bocamina II ha destruido los recursos marinos del borde costero de la comuna.

El abogado recurrente lamentó el retraso, pues sostuvo que precisamente el objetivo de la acción legal de protección es remediar con urgencia esos actos -atribuidos a Endesa- calificados de ilegales y arbitrarios.

Lorenzo Soto reconoció que entre los antecedentes que evaluará la Corte hay algunos favorables a Bocamina, aunque subrayó en que tienen según él un nulo sustento, lo que hará ver a los ministros en su alegato.

Entre los argumentos a invocar ante los jueces para defender los recursos de protección y lograr un fallo favorable, el abogado Soto destacó el entregado por el Servicio Nacional de Pesca.

El principal objetivo de las acciones legales de pescadores y algueras de Coronel es que los tribunales paralicen el funcionamiento de Bocamina II, que tras aumentar su potencia -de 350 a 370 megawatts- entró en una marcha blanca.

Soto manifestó que la viabilidad de esa solicitud es realista, ya que estaría demostrado que tanto el resguardo al medio ambiente como los derechos de las personas que viven en el sector no son garantizados en el proyecto.

El abogado de Endesa, Jorge Becar, se excusó de hacer declaraciones, señalando que los argumentos de la empresa -entregados en sus informes a la Corte- serán reiterados en los alegatos.