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Denuncian que efectos negativos de Bocamina II se han agravado en Coronel

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En la antesala de la vista de los recursos de protección contra Endesa, por su proyecto Bocamina II, dirigentes de algueras y pescadores artesanales de Coronel denunciaron que los negativos efectos de la termoeléctrica en el sector se mantienen y que incluso se han agravado. Por eso hicieron un llamado a los tribunales a acoger la acción legal y detener el funcionamiento de las centrales.

Son dos los libelos contra Endesa que debería haber tramitado este martes la Corte de Apelaciones penquista. Sin embargo, la recusación contra uno de los miembros de la Sexta Sala impidió la vista, la que fue postergada para mañana.

En los recursos grupos de pescadores y algueras de Coronel denuncian el daño que supuestamente ha generado el funcionamiento de la central Bocamina II, terminando -aseguran- con las especies marinas que habitan la costa de la comuna y que sirven para la subsistencia de cientos de familias.

Dirigentes de las personas que interpusieron las acciones legales llegaron al tribunal de alzada para presenciar los suspendidos alegatos. Marisol Ortega, presidenta de las algueras de Caleta Lo Rojas, expresó que la negativa situación se mantiene y por eso buscan en la justicia la solución al grave problema.

Entre los antecedentes que deberá analiza la Corte de Concepción están informes a favor, pero también en contra de las denuncias de los pescadores, según lo reconoció el dirigente Manuel Alegría, del Sindicato de Tripulantes de Coronel.

Otros informes, no obstante, de acuerdo a lo señalado por Luis Villablanca, presidente de los pescadores artesanales de Lo Rojas, constatan los perjuicios denunciados por los recurrentes. De allí que el dirigente llamara a los jueces del tribunal de alzada penquista a acoger las acciones legales y paralizar el funcionamiento de las termoeléctricas.

Hoy Bocamina II, con la optimización realizada, que aumentó la potencia de 350 megawatts a 370, funciona en una etapa de prueba, la que la Corte rechazó paralizar en junio pasado cuando fueron interpuestos los recursos de protección.

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