La cámara alta del Parlamento ruso adoptó el miércoles una ley que amplía la definición de alta traición, considerada por los defensores de los derechos humanos como un nuevo ataque contra la oposición, informó la agencia Interfax.
La ley, que fue adoptada la semana pasada en última lectura por la Duma (cámara baja), fue aprobada por el Consejo de la Federación. Para entrar en vigor todavía debe ser promulgada por el presidente ruso Vladimir Putin.
Según este texto, la alta traición no consiste únicamente en transmitir informaciones secretas a gobiernos extranjeros, sino, por ejemplo, también en proporcionar asistencia financiera o consultas a organizaciones internacionales en el caso de que estén implicadas en “actividades dirigidas contra la seguridad de Rusia”.
La ley que actualmente se encuentra en vigor sobre este tema no menciona a las organizaciones internacionales y solo se aplica a las actividades que afectan a la “seguridad exterior”.
La futura ley contempla también un nuevo crimen, el de recibir secretos de Estado a través de medios ilegales, susceptible de ser castigado con cuatro años de prisión.
Defensores de los derechos humanos y abogados temen que compartir informaciones con ONGs internacionales como Amnistía Internacional o recurrir a la Corte Europea de Derechos Humanos pueda constituir un crimen de alta traición.
El jueves, la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Catherine Ashton, declaró estar “preocupada” por este texto, al considerar que podría ser utilizado con fines de “intimidación”.
Esta ley sigue a otras adoptadas recientemente, como la que califica de “agentes del extranjero” a grupos que se benefician de financiación extranjera o la que incluye en una lista negra algunas páginas de internet. Todas ellas entraron en vigor desde que Vladimir Putin, que se enfrenta a un movimiento de protesta sin precedentes, regresara al Kremlin el pasado mes de mayo.
