El Congreso de Guatemala aprobó este martes la ley penal contra el enriquecimiento ilícito o “contra la corrupción”, diez años después de las discusiones para imponer sanciones más drásticas, informó el presidente del Parlamento, el oficialista Gudy Rivera.
El diputado comentó que la nueva normativa fue aprobada por 120 de los 158 diputados e incluye 47 artículos para sancionar el enriquecimiento ilícito en el país centroamericano.
La ley anticorrupción incorpora al Código Penal guatemalteco los delitos de corrupción en las oficinas públicas, de cobro de comisiones, el de tráfico de influencias, los nombramientos ilegales y el cohecho pasivo y activo, además de tipificar las actividades del testaferro, según detalló en su página internet el diario Prensa Libre.
El enriquecimiento ilícito causará penas de cinco a diez años de cárcel y una multa entre los 6.370 y 637.000 dólares, mientras que la malversación de fondos se castigará con entre dos y seis años de prisión y con una multa de entre 2.500 y 6.370 dólares.
También se plantea que al funcionario que cometa el delito de peculado se le aplique una sanción de cinco a diez años de cárcel, así como una multa que oscila entre 1.275 y 2.500 dólares.
Si los recursos hurtados estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en dos terceras partes.
Esta nueva normativa entrará en vigor ocho días después de su publicación en el diario oficial.
El jefe de bancada del partido opositor, Libertad Democrática Renovada (Líder), Roberto Villate, dijo que no apoyaron la aprobación de la ley porque es “tuerta, coja y medio muda”, ya que, a su parecer, beneficia a los grupos poderosos tradicionales.
