La justicia española pidió la captura y extradición de siete exjefes de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA), a los que acusa entre otros cargos de “genocidio”, por su presunta implicación en la muerte de un diplomático español en 1976.
Un juez de la Audiencia Nacional española decidió procesar al exdirector delegado de la DINA, Juan Guillermo Manuel Contreras Sepúlveda, y a otros seis altos cargos de la policía secreta de la dictadura chilena por “un presunto delito de genocidio, un delito de asesinato y un delito de detención ilegal de Carmelo Soria Espinoza”, según un auto judicial conocido este martes.
Además de Contreras, el juez dictó “la busca, detención e ingreso en prisión” de Guillermo Humberto Salinas Torres, Jaime Lepe Orellana, Pablo Belmar Labbe, Patricio Quilhot Palma, José Remigio Ríos Sanmartín y Michael Vernon Townley Welch, “librándose las oportunas órdenes internacionales de detención” para “su ulterior extradición” a España.
Según el juez español Pablo Ruz, Contreras, como responsable de una fuerza que “sólo obedecía y respondía ante la Junta Militar de Gobierno y, más tarde, exclusivamente ante el fallecido Augusto Pinochet Ugarte, ordenó al capitán Salinas, de forma directa, por cuenta de mandos superiores de la dictadura no debidamente acreditados, el secuestro y posterios fallecimiento del Sr. Soria”.
El diplomático español, que trabajaba para Naciones Unidas en la Comisión Económica para América Latina, fue secuestrado el 14 de julio de 1976 cuando se dirigía a su residencia en Santiago de Chile.
Según datos transmitidos por la fiscalía y recogidos por el juez Ruz, Soria “fue torturado -maniatado y con la cara vendada- durante varias horas” por los agentes de la DINA que después “acabaron con su vida (…) mediante estrangulamiento”.
