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Estudiantes de Arquitectura de la UdeC piden ordenar uso de la fuerza para terminar toma

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Una docena de recursos de protección tramita la Corte de Apelaciones de Concepción, interpuestos por alumnos de Arquitectura de la Universidad de Concepción, cuya facultad se encuentra tomada desde hace varias semanas. Denuncian que la medida se mantiene sin apoyo de la mayoría de los estudiantes y que las autoridades académicas no han actuado para poner fin a una situación que según ellos vulnera garantías constitucionales.

Una nueva arista judicial en el conflicto que enfrenta la Universidad de Concepción, y que mantiene congeladas las actividades académicas, fue abierta por estudiantes, principalmente, de la carrera de Arquitectura.

A esta se suma el recurso de protección presentado por el rector Sergio Lavanchy, en el que denunció la funa efectuada por alumnos frente a su residencia particular, por lo que solicita a la Corte penquista ordenar protección policial.

En sus libelos, contra el rector de la casa de estudios, los futuros arquitectos califican de ilegal y arbitraria la toma que afecta a la facultad, asegurando que durante la última votación para reanudar la toma se impuso la opción de volver a clases, lo que no habría sido respetado.

El presidente de la FEC, Recaredo Gálvez, desmintió lo señalado en los recursos de protección, al sostener que en las actas se observa que la mayoría estuvo por mantener la medida de presión.

La decisión de recurrir contra el rector Lavanchy se sustenta en lo que los alumnos de Arquitectura califican como la actitud pasiva de las autoridades académicas, por lo que piden que el tribunal de alzada ordene el uso de la fuerza pública para terminar con la ocupación de la facultad.

El dirigente de la FEC, cuestionó la decisión de los universitarios de recurrir a la justicia.

Para pedir la intervención de los tribunales en el conflicto, los recurrentes invocan los contratos con la Universidad de Concepción, en los que se da cuenta del pago de las cuotas básicas y del arancel de la carrera. La docena de acciones legales ha sido acogida a trámite por la Corte de alzada, resolviendo que el rector Lavanchy informe al respecto en un plazo de ocho días.

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