Una querella criminal fue interpuesta este miércoles ante el Juzgado de Garantía de Osorno contra todos quienes resulten responsables en su calidad de autor, cómplices o encubridores en el Centro de Salud Familiar de Entre Lagos por el cuasidelito de lesiones graves ocasionadas en el brazo derecho de Yolanda Ojeda Proboste.
El hecho se remonta al 9 de mayo de este año, cuando la afectada concurrió hasta el Cesfam luego de despertar con dolencias físicas. En el lugar se le practicó un examen que requirió la extracción de sangre desde su brazo, tras lo cual, según ella manifestó, iniciaron las molestias, irritación y posterior infección de la zona inyectada.
La iniciativa legal, que fue presentada por el abogado Nafal Abdul Maeztu, fue encabezada por el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y parlamentario por el distrito 56, Fidel Espinoza. Éste explicó que lo que se persigue con esta instancia legal es que negligencias de esta magnitud no ocurran nuevamente.
Espinoza fue enfático en decir que de no haber sido traslada hasta la ciudad de Osorno, la afectada simplemente tenía como opción la amputación de su extremidad superior.
En diálogo con Radio Bío Bío, Yolanda Ojeda manifestó que nunca recibió mayor apoyo o atención por parte del Cesfam involucrado, al punto que fue trasladada hasta el Hospital Base de Osorno. En el recinto se iniciaron las gestiones para una intervención quirúrgica, correspondiente al tratamiento e injerto de piel.
Ante ésto, ella sólo clama por justicia dado que, a partir del fatídico día, su vida no volvió a ser la misma debido a que perdió casi por completo la movilidad del brazo.
Espinoza recalcó que la mujer por semanas pidió ser atendida en Entre Lagos por la irritación que presentaba en su brazo donde jamás habría sido escuchada.
Este traslado se hizo efectivo cuando la situación ya era crítica, donde la piel prácticamente se desprendió de su brazo ante la infección. Por ello exigen que se realice una minuciosa investigación a todos aquellos que se ven involucrados en la atención de la mujer y, además, que se revisen las fechas clínicas para que se deslinden las responsabilidades.
Finalmente, el parlamentario por la zona explicó que persiguen primeramente una sanción desde el punto de vista ético para que nunca más un ciudadano tenga que vivir un hecho de esta índole.
Tania Lavado (RBB)
