El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, aseguró que el Ministerio de Salud junto al del Interior se encuentran trabajando para modificar el sistema de acopio y eliminación de droga incautada en procedimientos policiales, para que el proceso se traslade de repartición.

Desde la oposición criticaron la medida, asegurando que el Ministerio del Interior no está en condiciones de asumir una tarea tan importante como lo es hacerse cargo de ese proceso.

El proyecto se basaría en una modificación a la Ley 20.000 de Drogas, que dispone que los servicios de salud son los organismos encargados de recepcionar las incautaciones.

Castillo aseguró que las conversaciones entre los Ministerios de Salud e Interior para modificar el sistema de acopio y eliminación de la droga incautada comenzaron a principios de este año.

La cartera de Salud habría presentado a Interior una propuesta para la construcción de una bodega de alto resguardo destinada a custodiar las sustancias, que dependería de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Castillo no quiso dar detalles de estas modificaciones, sin embargo, aseguró que Interior va a dar noticias al respecto.

El diputado DC Ricardo Rincón, aseguró que el Ministerio del Interior no debería ser el encargado de ese proceso, teniendo en cuenta los casos de corrupción que se han dado a conocer desde las policías que dependen de esa cartera.

El diputado UDI y presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, Cristián Letelier, defendió la labor de Interior, asegurando que no se puede desconfiar de la repartición por hechos particulares.

Desde el Ministerio de Salud aseguraron que ya se reactivó el proceso de eliminación de estupefacientes incautados por las policías en todos los servicios de salud a nivel nacional.

Esto, luego de que el fiscal regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, solicitara al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, disponer la suspensión del proceso, dado que se detectó que parte de la droga era sustraída desde el Servicio de Salud Central, para volver a ser puesta en circulación.

El artículo 41 de la Ley 20.000 -que sanciona el tráfico de estupefacientes- señala que la droga sustraída debía destruirse en un plazo de quince días.