La Corte Suprema de Brasil podría condenar hasta por más de 40 años de cárcel al publicista que trabajó para el gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Marcos Valerio, en el marco del histórico juicio por corrupción política durante el primer mandato del expresidente Lula.

Valerio fue hallado culpable de delitos como asociación para delinquir, corrupción, peculado, lavado de dinero y evasión de divisas y condenado el miércoles a 40 años, un mes y seis días de cárcel y una multa de 2,78 millones de reales (unos 1,37 millones de dólares).

La pena puede ser reducida el jueves, cuando la Corte defina ciertos criterios que se aplican a la sentencia.

La Constitución brasileña establece una pena máxima de 30 años de cárcel, y régimen cerrado cuando las sentencias superan los ocho años de prisión.

“Valerio desempeñó un papel de vanguardia, de comando, transitó con soltura por los caminos de Visanet, de la Cámara de Diputados, del Banco Rural, haciendo uso de un afinado instinto de prospección del dinero”, dijo el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Carlos Ayres Britto.

Valerio fue acusado de haber utilizado sus empresas para obtener contratos con el Estado y préstamos bancarios para desviar recursos al PT a fin de comprar votos de diputados de la coalición entre 2003 y 2005, en el primer mandato del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010).

El juicio, que se inició el 2 de agosto y se ha extendido por 40 sesiones, ha determinado la responsabilidad de políticos, legisladores, dirigentes históricos del gobernante PT y empresarios en una contabilidad ilegal del partido, que compró apoyo político de la coalición.

La Corte ha declarado culpables a 25 acusados, y absuelto a 12 tras decidir el martes que en los casos de empate de votos, se decidiría en favor de la absolución del reo.

El principal de los 25 condenados es el exministro jefe de gabinete José Dirceu, quien fue la mano derecha de Lula desde su llegada al poder en 2003 hasta que estalló el escándalo en 2005. Dirceu fue considerado por la Corte como el jefe político de esta operación ilegal, y fue declarado culpable de asociación para delinquir y corrupción activa.