Isapres y diputados de la Comisión de Salud acusaron que los abogados están conformando un negocio a través de la judicialización de las alzas en los precios de los planes de las aseguradoras privadas. Aseguraron que las ganancias de los juristas en 2011 alcanzaron más de $3.000 millones, cifra cinco veces mayor al beneficio de los afiliados que participaron de los juicios.

Hasta el mes de septiembre se han registrado más de 32.000 recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de las isapres. Esta cifra ya supera el total de reclamos presentados en el tribunal de alzada capitalino durante todo el 2011.

Los recursos, principalmente, se presentaron reclamando un alza “injustificada” en los planes de salud por parte de las aseguradoras privadas.

El presidente de la Asociación de Isapres, Hernán Doren, acusó la conformación de un negocio por parte de abogados quienes, indicó, reciben ganancias hasta cinco veces mayor a la de los afiliados que presentan los reclamos.

Asimismo, respondió al aumento en la judicialización de las alzas en los precios de los planes, indicando que el costo de la salud sube tanto en Chile como a nivel mundial, dado los avances en esta materia. Alzas que de todas formas catalogó como “pequeñas”.

El diputado UDI y presidente de la Comisión de Salud, Javier Macaya, aseguró que la solución en cuanto al aumento de los recursos de protección recae en la aprobación del proyecto de ley que crea un IPC de la salud.

Asimismo, acusó la formación de una industria de abogados que se aprovecha de esta situación.

El abogado y director del portal defensalud.cl, José Luis Baro, aseguró que al mes el organismo recibe la solicitud de cerca de 150 clientes que quieren judicializar el alza en sus planes.

En este sentido, salió al paso de las críticas, indicando que existe un mercado que necesita ser satisfecho dada la poca eficacia de la Superintendencia de Salud en esta materia.

Del total de recursos de protección ingresados a la Corte de Apelaciones de Santiago en lo que va del año, el 96% corresponde a reclamos contra las isapres.