Una nueva arista se suma al bullado caso sobreprecios de los equipos antidrogas para el Plan Frontera Norte del Ministerio del Interior y que buscaba combatir el tráfico en las zonas limítrofes con Bolivia y Perú.

El 9 de octubre el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, anunció que el abogado Luis Hermosilla presentaría una querella contra aquellas personas que resulten responsables de los delitos de fraude al fisco y violación de secreto, en el marco del proceso de licitación de densímetros y fibroscopios.

En la primera instancia se decretó una orden de aclarar y en segunda instancia una de rectificar, debido a la acción legal se acogía a un artículo donde el Ministro del Interior como autoridad podía presentarlo, pero este artículo también facultaba excepcionalmente a Intendentes y Gobernadores, pero no al subsecretario Ubilla.

A dos semanas de la presentación de la querella, el ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, confirmó que la querella fue presentada por Ubilla de forma particular, por ende, el subsecretario costeará de su bolsillo los gastos del proceso.

El anuncio generó que el abogado, Ernesto Olivares, defensor de la empresa Tecnodata, propiedad de Alfredo Giacoman y que se adjudicó la polémica licitación, apuntara a que esto demuestra los errores cometidos por el Ejecutivo en el proceso.

El jurista agregó que la sobrereacción de Ubilla provocó todo el enredo.

Pero los cuestionamientos al Gobierno también provienen desde la oposición.

El diputado DC, Gabriel Silber, miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas, anunció que este miércoles a las 11 horas se reunirá con el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Sergio Urrejola Monckeberg, para solicitar la intervención en el proceso.

Ante una intervención del Consejo de Defensa del Estado, el vocero Andrés Chadwick manifestó su agrado, sin embargo recalcó que son un organismo autónomo, al cual no pueden interferir.