Con arraigo nacional quedaron dos formalizados por el uso ilegal de licencias médicas, mientras que para un tercero el Juzgado de Garantía de Concepción ordenó la medida cautelar de firma mensual. Fue el primer resultado de una investigación iniciada en 2010 a raíz de querellas presentadas por la Seremi de Salud del Bío Bío al detectar irregularidades al interior de la Compin en Concepción.

Según la relación efectuada por la fiscal Carmen Luz Flores ante la jueza Tania Galgani, el trío de formalizados simuló contratos de trabajo y los utilizó para solicitar a una médico la entrega de licencias médicas que sirvieron para obtener del Estado el pago de 10 millones de pesos en subsidio de incapacidad laboral.

La magistrada acogió los antecedentes y dio lugar al inicio de la investigación, la que se extenderá por seis meses.

La fiscal explicó que éste es un resultado parcial de las pesquisas iniciadas hace dos años, en el marco de las denuncias presentadas por el seremi de Salud, Boris Oportus, quien estima que hay una defraducación de más de 350 millones de pesos mediante la confección de empresas de papel y la utilización de licencias médicas.

En el caso de los tres formalizados este viernes, y respecto de quienes el tribunal prohibió en un inédito dictamen -por petición de uno de los abogados defensores- la difusión de sus identidades, las licencias médicas presentadas fueron ingresadas a la Compin en horarios en que la oficina no funciona.

De ahí que el Ministerio Público investigue la posible participación de funcionarios públicos en el delito de obtención ilegal de beneficios previsionales, en lo que además podría configurarse una posible asociación ilícita.

El Consejo de defensa del estado interviene en la causa a través de la abogada Gisela Inostroza, quien explicó que junto con perseguir a los responsables de los ilícitos investigados se busca recuperar los dineros fiscales obtenidos ilegalmente.