El ministro de Justicia, Teodoro Ribera, entregó un análisis resumido de lo que busca impulsar el Gobierno como un cambio a la Reforma Procesal Penal.
Ésta contempla aumentar la coordinación entre los diversos actores del sistema judicial, profundizar la capacitación e información de todos los que forman parte de la justicia y reformar el Código Procesal Penal, además de otras leyes.
Dentro de lo anterior también se desprende facilitar la participación de las víctimas en el proceso penal y permitir el actuar de las policías en horas inmediatas o posteriores a los delitos.
Uno de los aspectos más destacados es la iniciativa de ampliar el catálogo de resoluciones susceptibles de apelar ante un tribunal superior respecto a algunas determinaciones relevantes que son, por ejemplo, la exclusión de pruebas.
Ribera aseguró que en 100 días más se tendrán medidas administrativas y legislativas y se buscarán los máximos consensos. Agregó que la decisión está tomada y el presidente ha resuelto que hayan medidas para solucionar los impasses que dificulten la mayor seguridad de los chilenos.
Lo anterior, como respuesta a las críticas de que no se ha tomado en cuenta a otros organismos ni tampoco a la oposición para realizar este análisis a la reforma del Código Penal.
