El Senado uruguayo debatía el miércoles un proyecto para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación y bajo ciertas condiciones, lo que convertiría al país en el segundo de Latinoamérica en permitir el aborto, después de Cuba.
El proyecto ya fue aprobado el 25 de septiembre por la Cámara de Diputados por una ajustada mayoría de 50 votos a favor y 49 en contra.
En el Senado, con 31 bancas, el proyecto es respaldado por los 16 legisladores del gobernante Frente Amplio (FA, izquierda) y el opositor Jorge Saravia, quien fue firmante del proyecto de ley original, antes de alejarse del FA e incorporarse al Partido Nacional.
La cámara alta ya había aprobado en diciembre de 2011 un proyecto para legalizar el aborto en las primeras 12 semanas de gestación y por la sola voluntad de la mujer, pero ese texto fracasó por la oposición de uno de los diputados de la coalición en el poder, que negoció así una versión alternativa con el Partido Independiente (PI).
“Esta ley está alineada con los consensos sociales actuales en Uruguay”, destacó el senador del FA Luis Gallo, enfatizando que “la sociedad no considera que la mujer delinque cuando aborta”.
“Solo el 0,04% de los 30.000 abortos que se dice se realizan en Uruguay terminan en procesamientos”, enfatizó el legislador, opinando que el proyecto “va a transformar en ley una aspiración de la mayoría de la sociedad uruguaya que la está esperando desde hace mucho tiempo”.
Inspirado en la legislación de países europeos, el texto en debate prevé no penalizar la interrupción del embarazo si la mujer que desea abortar se entrevista con un equipo de al menos tres profesionales que le informará sobre los riesgos, las alternativas y los programas de apoyo a la maternidad o de adopción.
Luego tendrá que esperar cinco días y si ratifica su voluntad de interrumpir su embarazo se coordinará el procedimiento.
Como excepción, se autorizaría el aborto cuando el embarazo implique un grave riesgo para la salud de la mujer, cuando haya malformaciones incompatibles con la vida extrauterina o cuando el embarazo sea producto de una violación, dentro de las 14 semanas de gestación.
Desde la oposición, el senador Alfredo Solari, del Partido Colorado, cuestionó que “esta es una mala solución a un problema médico social que tiene este país”, cuestionando que instaura un sistema “complejo y dificultoso” y que acceder a una entrevista con un equipo multidisciplinar será “prácticamente imposible” en gran parte del interior del país.
En la región la interrupción del embarazo es además legal en Ciudad de México, Guyana y Puerto Rico.
