A partir del martes, y tras dos años de interpuesta la apelación al fallo de primera instancia, la Corte de Concepción intentará revisar el recurso sobre el escándalo Inversiones Bilbao, caso sobre la desaparición de USD$4 millones que el Serviu había destinado en 1996, a través de subsidios habitacionales, a 900 familias de allegados de la región del Bío Bío.
En 2010, al cumplirse 13 años desde la apertura de la investigación, el ministro en visita César Panés resolvió condenar a cuatro años de cárcel -por el delito de estafa- a Carlos Worner, gerente de la inmobiliaria a la que los beneficiados transfirieron los millonarios fondos para la construcción de sus viviendas.
Desde entonces la inhabilidad de los ministros penquistas ha impedido la revisión de la apelación al fallo, incluso enviándose la causa a la Corte de Chillán. Sin embargo, con el nombramiento de nuevos jueces en Concepción, el proceso regresó a esta Corte.
Esta semana la Sexta Sala intentó proceder a la tramitación del recurso, pero la inhabilitación de la ministra Mathilde Esquerré no lo permitió. La acompañaban en el tribunal la magistrada Raquel Lermanda y la abogada integrante Gabriela Lanata.
Sólo queda la posibilidad de que junto a Lermanda y Lanata revise la apelación la ministra Vivian Toloza, quien el martes respondería si tiene o no algún impedimento, de lo que dependerá la vista del caso Bilbao.
Para intentar revertir la sentencia se esperan los alegatos del abogado de Worner, que por estos días decidió contratar una nueva defensa, mientras que por modificar el fallo -para incluir en él a ex funcionarios del Serviu que estuvieron procesados y que posteriormente fueron absueltos- intevendrá ante el tribunal de alzada el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Fernando Abatto.
